La Plata | El Tribunal Oral en lo Criminal 1 de La Plata encabeza esta semana un proceso judicial histórico para la localidad de Domselaar. Siete efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires enfrentan cargos por torturas, vejaciones y abuso de autoridad, en una causa que busca echar luz sobre las prácticas sistemáticas de violencia que habrían ocurrido en la dependencia policial entre agosto de 2015 y mayo de 2016.
Los imputados, quienes se encuentran en el centro de la escena judicial, son los efectivos Cecilia Ballerini, Juan Fernández, Rodolfo Morales, Emilce Ponce, Carlos Remuzzi, Jorge Rodríguez y Lucas Vizgarra. Según la acusación, estos funcionarios habrían utilizado su posición de poder para someter a detenidos bajo condiciones inhumanas, violando tratados internacionales de derechos humanos y protocolos básicos de seguridad ciudadana.
Durante el desarrollo de las audiencias, el testimonio de las víctimas ha sido el eje central y desgarrador de la causa. «Después de salir de ahí, vivir ya no era vivir», expresó una de las víctimas ante el jurado, resumiendo el impacto psicológico y físico que los abusos dejaron en su vida. Los relatos coinciden en señalar un clima de «sometimiento total», donde el miedo y el dolor físico eran herramientas cotidianas de control por parte de los uniformados.
Uno de los momentos más impactantes del juicio fue la narración de tres víctimas que describieron actos de violencia física extrema y humillaciones que buscaban la anulación de su dignidad. Según consta en el expediente impulsado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), las prácticas incluían golpes, condiciones de hacinamiento ilegales y la privación de derechos elementales, todo bajo el amparo de la impunidad que otorgaba el uniforme dentro de la comisaría.
En las últimas jornadas, también prestaron declaración los equipos profesionales del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, quienes realizaron el relevamiento de las denuncias en aquel entonces. Los expertos ratificaron que los daños observados en las víctimas eran compatibles con los relatos de tortura, destacando que las secuelas persisten hasta el día de hoy, incluso una década después de los hechos denunciados.
La defensa de los policías, por su parte, ha intentado cuestionar la veracidad de algunos testimonios, apelando a las lagunas en la memoria de las víctimas debido al paso del tiempo. Sin embargo, la fiscalía y la querella sostienen que la evidencia documental y los peritajes médicos son contundentes para demostrar que en la subcomisaría de Domselaar funcionó un esquema de violencia institucional amparado por la jerarquía del lugar.
El proceso ha generado una gran expectativa en la comunidad de San Vicente y alrededores, ya que pone bajo la lupa el funcionamiento de las fuerzas de seguridad locales. La modalidad de juicio por jurados permite que sea la propia ciudadanía la que determine la culpabilidad o inocencia de los efectivos, en un ejercicio de transparencia que busca restaurar la confianza en las instituciones democráticas.
Se espera que el debate oral concluya formalmente el próximo lunes 20 de abril con las últimas instancias de alegatos. Según el cronograma judicial previsto, el veredicto del jurado popular se dará a conocer tan solo un día después, el martes 21 de abril, fecha en la que se definirá la responsabilidad penal de los siete policías imputados en este caso que marcó un antes y un después en la región.
