San Vicente .: Entre la impotencia y el desconcierto, una vecina expresó que la quiosquera le cobró siete pesos de adicional por la carga de la tarjeta SUBE en el casco céntrico de San Vicente. “¿El recargo todavía se cobra?”, inquirió ante los usuarios de la red social Facebook. Un sinfín de comentarios revelan una realidad: en el partido de San Vicente, el cobro adicional por cargar la tarjeta SUBE o los teléfonos móviles está declarado como “una práctica abusiva”, es ilegal y debe ser denunciado.
En mayo de 2016, el concejal del Frente para la Victoria (FpV) Andrés Lorusso había elevado al recinto un proyecto de ordenanza para declarar “el cobro de adicionales o la exigencia de comprar un producto para recibir la prestación del servicio de carga en teléfonos celulares o en tarjetas SUBE” como “práctica abusiva”.
“La resistencia por el proyecto llegó desde los concejales del oficialismo, que influyeron para que la ordenanza fuera cajoneada por algunos meses hasta que fue tratada y modificada”, explicó el edil en diálogo con Al Sur.
Entre los cambios, la ordenanza pasó a ser una resolución e instó a que el Ejecutivo coloque carteles en todos los comercios ubicados en el Municipio que provean el servicio de carga, a fin de exponer la ilegalidad de la práctica, establecido por Ley, y de ese modo, garantizar el “trato digno de consumidor”.
Los carteles debían ser colocados dentro de “los treinta días siguientes”, luego de la promulgación de la ordenanza. Además, instruyó que los responsables del comercio que infringieran la Ley de Defensa del Consumidor (13.133) de la provincia de Buenos Aires, debían ser sancionados. Un abanico de artículos que son incumplidos y perpetúan el perjuicio y el enojo de los usuarios.
Prohibido por Ley
La resolución aprobada 5.102 sostiene que el adicional por las cargas de SUBE y telefonía celular es una práctica ilegal. No está autorizada por el Ministerio de Transporte de la Nación, ya que afecta al eslabón más débil de la cadena de consumo, que es el usuario.
Por otro lado, considera que la operación constituye “una conducta de evasión fiscal”, debido a que ese monto adicional no forma parte del precio final de la recarga y por ende, tampoco figura en el ticket otorgado tras la finalización de la operación.
A nivel provincial, este hecho está contemplado por la Ley 13.133, en defensa del consumidor en la provincia de Buenos Aires, la cual manifiesta que si bien el Municipio no tiene competencia jurídica para intervenir en la fijación, regulación de precio o valores económicos en las transacciones comerciales, sí tiene obligación de adoptar medidas de acción para proteger al usuario de prácticas abusivas.
“Estos comportamientos importan una violación a ‘la buena fe contractual’, transformándose en un ejercicio abusivo de derechos, avanzando en detrimento del trato digno y equitativo a los consumidores o usuarios”, afirma el proyecto de Lorusso.
El edil agregó que el artículo 10 bis de la Ley 24.787 establece que “el incumplimiento de la oferta o del contrato por el proveedor” habilita al consumidor para “exigir el cumplimiento forzado de la obligación, aceptar otro producto o prestación de servicio equivalente, rescindir el contrato con derecho a la restitución de lo pagado”, todo ello “sin perjuicio de las acciones de daños y perjuicios que correspondan”.
¿Cómo denunciar?
La resolución municipal sostiene que “este tipo de conducta comercial inadecuada” debe denunciarse en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). Su directora, Lorena Cutule, explicó a Al Sur las denuncias de los usuarios deben efectuarse a través de la página web www.sube.gob.ar y en el menú “centros de carga”. Otro mecanismo es el número telefónico 0800-777-7823 (SUBE) o el 0800-333-0300 de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
“Nuestra OMIC no cuenta con inspectores para poder constatar este tipo de prácticas abusivas”, informó la funcionaria y aseguró que en caso de acercarse a la oficina a realizar la denuncia, el vecino debe tener un ticket que avale el adicional cobrado, copia de su DNI y el formulario de denuncia que se encuentra a disposición en las oficinas.
