Guernica | El caso de un niño con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), Valentino Rossi -de 8 años- y su familia, enfrentados a la prepaga Medicus, ha dejado de ser un conflicto administrativo para convertirse en un símbolo de la deshumanización de la medicina privada en Argentina.
Durante más de doce meses, lo que debería haber sido un proceso de acompañamiento terapéutico se transformó en una batalla de silencios cómplices. La empresa, lejos de honrar sus contratos y la salud de sus afiliados, ha optado por el desgaste como estrategia, ignorando que detrás de cada negativa hay un menor cuyo desarrollo se ve vulnerado día tras día.
La familia del pequeño ha denunciado un laberinto de burocracia diseñado específicamente para que el afiliado se rinda. No se trata de un error técnico o un traspapeleo; es una lucha que ya supera el año calendario, donde la prepaga ha negado sistemáticamente las prestaciones básicas de psicopedagogía y apoyo neurológico.
Esta actitud no solo es éticamente reprochable, sino que constituye un ejercicio de crueldad institucional: Medicus cobra puntualmente cuotas que se ajustan por encima de la inflación, pero retacea servicios vitales cuando la discapacidad toca a la puerta.
El marco legal en Argentina no deja lugar a «interpretaciones» corporativas. La Ley Nacional N° 24.901 establece con claridad meridiana el Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad. Esta norma obliga a las prepagas y obras sociales a cubrir el 100% de los tratamientos de forma integral. Al negar la cobertura a un niño con TDAH, Medicus no solo está ignorando una prescripción médica, sino que está incurriendo en una flagrante ilegalidad, desafiando el orden jurídico vigente y los tratados internacionales con jerarquía constitucional.
Es imperativo recordar que el TDAH no es un capricho diagnóstico, sino una condición neurobiológica que requiere intervención temprana y sostenida. La neuroplasticidad de un niño no espera los tiempos de la gerencia financiera de una empresa de salud. Cada mes que Medicus ahorra en terapias no cubiertas, es un mes de progreso que se le arrebata al menor en su integración escolar y social. La prepaga parece apostar al olvido o al cansancio de los padres, una táctica que roza lo delictivo cuando se trata de sujetos vulnerables protegidos por el interés superior del niño.
La jurisprudencia argentina ha sido implacable con casos similares, pero las empresas como Medicus parecen preferir el riesgo de un amparo judicial antes que cumplir con su función social. La Ley N° 24.754 es taxativa al equiparar las obligaciones de las prepagas con las de las obras sociales respecto al Programa Médico Obligatorio (PMO) y las leyes de discapacidad. Sin embargo, la brecha entre lo que dicta la ley y lo que sucede en las oficinas de atención al cliente de Medicus es un abismo de impunidad que solo se cierra cuando interviene la justicia.
La lucha de esta familia, que lleva más de un año golpeando puertas que no se abren, expone la desprotección absoluta del consumidor de salud. ¿Para qué se paga una prepaga «de prestigio» si en el momento de mayor necesidad la respuesta es un formulario de rechazo o un reintegro insignificante que no cubre ni una fracción del costo real de los profesionales? La publicidad de la empresa habla de cuidados y excelencia, pero la realidad de este niño con TDAH cuenta una historia de abandono, desidia y mercantilismo feroz.
La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y los organismos de control deben actuar con la misma celeridad con la que Medicus aplica sus aumentos de cuota. No se puede permitir que la discapacidad sea vista como un «costo» a recortar en un balance contable. La persistencia de esta injusticia durante más de un año es una mancha imborrable para la reputación de la entidad, que demuestra que su prioridad no es la vida, sino el resguardo de un margen de ganancia obtenido a costa de la salud de un menor de edad.
Finalmente, este caso debe servir como un llamado de atención a la sociedad y a los legisladores. Mientras la familia continúa su batalla legal contra el gigante de la salud, queda en evidencia que el sistema de salud privada necesita auditorías más severas. Medicus debe responder de inmediato, no solo otorgando la cobertura total que la ley exige, sino también reparando el daño causado por un año de abandono terapéutico. La salud no es un bien de mercado, es un derecho humano, y ninguna empresa, por poderosa que sea, puede estar por encima de la ley.
