CABA | el dirigente libertario Jorge Zatloukal presentó una denuncia que señala posibles irregularidades relacionadas con la prórroga del contrato de concesión por peaje del Corredor Vial 18, a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad y la empresa estatal Corredores Viales SA. Este contrato, originalmente vencido en 2002 según el pliego original, abarca el tramo que incluye el Puente Rosario – Victoria y las rutas nacionales 12 y 14 en su totalidad.
Tanto Vialidad como Corredores Viales SA son entidades bajo la órbita del Ministerio de Economía de Nación, dirigido por Luis Caputo. Las sospechas apuntan directamente a éste Ministerio, por haber extendido un contrato que ya había expirado en 2002. Una denuncia al respecto fue presentada en los juzgados federales de Comodoro Py, y el Juez Julián Ercolini se encargará de su investigación.
CONADUV detectó irregularidades en la prórroga de conseción de los peajes de las rutas 12 y 14.
Zatloukal, además forma parte del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV). En el documento presentado se argumenta que esta prórroga ocasionará pérdidas millonarias para el Estado, ya que la empresa Caminos del Río Uruguay SA continuará cobrando peajes en las estratégicas rutas nacionales 12 y 14, así como en la conexión Rosario – Victoria, importantes para el comercio con el MERCOSUR.
Zatloukal destaca que la prórroga fue aprobada mediante la Resolución 144 de Vialidad Nacional, firmada el 8 de abril pasado, un día antes de que venciera el contrato original. Se cuestiona que la única justificación para esta decisión fue la supuesta falta de operadores, sin haberse realizado una licitación pública previa.
Además, se critica que Corredores Viales no haya asumido la responsabilidad de continuar con la concesión y la recaudación de peajes, a pesar de que esto está contemplado como una obligación ineludible en su estatuto, establecido en 2017 mediante el decreto 794.
Zatloukal sugiere que esta situación podría ser una estratagema para favorecer a la empresa concesionaria, retrasando deliberadamente la licitación, lo cual contradice los principios de transparencia en las contrataciones públicas y la competencia de mercado. Asimismo, se plantea que esta prórroga podría infringir la ley de Defensa de la Competencia al restringir la libre competencia.
Por último, se hace hincapié en que estos eventos, junto con otros señalados anteriormente por la Auditoría General de la Nación, podrían constituir violaciones a varios artículos del Código Penal.
Fuente: http://laotracara.info.
