San Vicente | Desde la llegada oficial de la segunda ola de Covid a nuestro país, los gobiernos Nacional y Provincial han comenzado a tomar medidas restrictivas para morigerar la situación epidemiológica, sobre todo en las regiones consideradas de altísimo riesgo como lo es el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), a la cual pertenece el distrito de San Vicente.
Las medidas tomadas en los últimos días de abril, se endurecieron el pasado 1 de mayo cuando el presidente Alberto Fernández firmó un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) realizando algunas modificaciones puntuales para dar una vuelta más de tuerca a la situación y tratar de contener los contagios, mientras se lleva adelante la campaña de vacunación.
A pesar de la gravedad de la situación sanitaria en la región, en San Vicente se continúan haciendo concesiones con algunos rubros comerciales, que por el DNU, se encuentran inhabilitados para operar; tal es el caso de las canchas de alquiler donde se practiquen deportes grupales. ¿Por qué si el Gobernador pide una expresa colaboración de las comunas para tratar de frenar los contagios, en San Vicente se hace todo lo contrario?
Para dar un ejemplo, desde el Municipio han autorizado a los clubes del distrito a continuar con sus entrenamientos, en donde participan hasta 30 chicos y jóvenes por cada turno; ni hablar de las canchas de fútbol 5 que continúan funcionando al cien por ciento, sin cuidados de bioseguridad y hasta permitiendo el ingreso de acompañantes.
¿Si los torneos oficiales se encuentran suspendidos, cual es el motivo imperioso para que los chicos y jóvenes tengan que entrenar? ¿Si desde la Comuna se está en un todo de acuerdo con la suspensión de las clases presenciales en las escuelas, por qué se permiten los entrenamientos en los clubes, en donde se supera holgadamente la cantidad de personas?
Pero este no es el único rubro con irregularidades. El sábado pasado se realizó una nueva “feria popular”, para llamarla de algún modo, en la plaza ubicada en avenida América y Nicaragua, en el barrio Sargento Cabral. El lugar se encontraba atestado de puestos de venta de mercadería, donde nadie respetaba el distanciamiento social ni las medidas preventivas como el uso de tapabocas.
Quien suscribe, dialogó personalmente con la titular del área de Protección Ciudadana municipal, la señora Mabel Rojas, quien se comprometió a tomar las medidas pertinentes. Esas medidas fueron hacer bajar hasta el lugar a dos o tres Patrullas Municipales, permaneciendo diez o quince minutos para luego marcharse sin hacer nada.
Tal vez Rojas no sepa que esa feria está apañada por la política y quien hace su negocio personal es un miembro de la llamada “economía popular”, que ofrece un espacio en el lugar, para permitir vender su mercadería a quienes lo alquilan. Esa plaza es de la gente del barrio, de los niños de Los Amigos, del público en general y no de un vivo que hace su negocio personal, ni de los funcionarios que se lo dejan hacer.
¿De qué vale hacer un megaoperativo de control en el fondo del barrio Santa Ana, si la “movida” está en otra parte? ¿De qué sirve movilizar a más de 30 efectivos de las fuerzas de seguridad a un lugar donde pasan 10 automóviles?
San Vicente tiene la suerte de contar con la presencia de Gendarmería Nacional, pero sin embargo se los envía a patrullar a lugares recónditos del distrito, cuando es la única fuerza de seguridad que realiza las cosas como se deben hacer: con responsabilidad y sin concesiones. Sin embargo, a la hora de actuar se encuentran con un paredón burocrático.
Otra de las fallas en el control es el transporte público de pasajeros. El DNU de Alberto Fernández establece -muy claramente- que los colectivos y trenes pueden ser utilizados por trabajadores esenciales. Entonces, ¿por qué no se controla en San Vicente a los micros y trenes que entran y salen del distrito, evitando así, la circulación innecesaria de personas?
Desde el comienzo de la pandemia se han enfermado miles de personas en este distrito y han fallecido casi 120. Por respeto a ellos, es necesario que el Gobierno Municipal se ponga los pantalones largos y que comience a hacer las cosas como esta difícil situación lo amerita. Y si resulta tan difícil controlar, que se declare en rebeldía, como la hizo la Ciudad de Buenos Aires, pero cuando la falta de camas apremie, se va a tener que hacer responsable de la situación.