Guernica | Gracias al compromiso de los vecinos, quienes a través de sus denuncias alertaron sobre actividades sospechosas, se logró poner fin a un importante foco de riesgo en el barrio La Yaya. El pasado 31 de marzo, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada en la calle 110 N° 2273, en la localidad de Guernica, tras recolectar pruebas suficientes sobre la comercialización irregular de gas.
Al ingresar al domicilio, los efectivos de la Comisaría Presidente Perón Primera constataron que allí funcionaba un depósito de gas licuado totalmente clandestino. Pero eso no fue todo: además de la actividad ilegal, los peritos detectaron graves irregularidades en la instalación de gas natural de la finca, lo que representaba una amenaza constante para la seguridad de las familias linderas.
El despliegue policial resultó en el secuestro de una gran cantidad de envases de diversos tamaños que estaban listos para su distribución. En total, se incautaron 13 garrafas de 10 kilos, 3 de 15 kilos, 4 de 3 kilos, una unidad de 30 kilos y dos grandes cilindros de 45 kilos. Todo el material fue trasladado de inmediato a un depósito habilitado para garantizar su correcto resguardo.
Lo que más llamó la atención de las autoridades fue el hallazgo de herramientas destinadas presuntamente al trasvase del combustible, entre ellas una manguera de 50 centímetros. También se secuestró un arrancador eléctrico de 400 amperes, un grupo electrógeno marca Honda y una amoladora, elementos que daban cuenta de la logística que se empleaba en el lugar.
Este procedimiento fue el fruto de un trabajo coordinado entre la Superintendencia de Seguridad Región Capital II, la Dirección Nacional de Gas Licuado y personal de Fiscalización de la Municipalidad de Presidente Perón. La orden fue librada por el Juzgado de Garantías 8 de Cañuelas, con intervención de la Fiscalía 1 Descentralizada y el Juzgado de Faltas local.
Como responsable de la infracción a la Ley 26.020 fue identificado Claudio Adrián Peñalba, de 44 años. Si bien por el momento no se adoptaron medidas penales restrictivas de libertad, las actuaciones quedaron a disposición de la justicia. El informe oficial fue refrendado por el Comisario Mayor Leonardo Alberto Litvachkes y la Comisaria General Laura Amaya.
