San Vicente .: La Policía Ambiental de la Provincia de Buenos Aires inspeccionó ayer las zonas involucradas en el emprendimiento privado que pretende instalarse en los humedales de la Laguna del Ojo en San Vicente. Las autoridades labraron un acta de reconocimiento de la situación, ante la presencia de uno de los desarrolladores.
Así lo informó la directora de Ordenamiento Urbano y Planificación municipal, Alejandra López, quien aseguró que las autoridades se acercaron hasta la zona para “corroborar la existencia de agua y reconocer el estado actual de la situación”.
Estas acciones tienen como objetivo completar el último paso para formalizar la línea de demarcación de la Laguna, que arrojará certezas sobre qué regiones comprende el humedal.
“Estamos trabajando en pos de defender el estado de la Laguna y hacer una revisión de la línea de la ribera. Esa demarcación se gestionó en 2016 desde las carteras de Medio Ambiente y Planeamiento; mientras que en 2017, la Autoridad del Agua (ADA) realizó el trabajo de campo para completar esa documentación”, explicó López.
A pesar de toda esta información recopilada, la funcionaria afirmó que “falta el cierre protocolar que la demarcación tiene que tener”. “Es necesario que la Fiscalía revise todo el material que estamos enviando y formalice esta línea desde lo legal”, sumó.
Los límites de la Laguna, con sus humedales y espejo de agua, son uno de los pedidos tanto de vecinos como de concejales. El emprendimiento privado instalado pretende rellenar esa zona, por lo que temen el impacto ambiental que podría ocasionar en la flora y fauna, así como las posibles inundaciones futuras en los barrios aledaños.
“Este tipo de loteos se realizaban en 1940, lejos de la urbe. En esa época, nadie tenía en cuenta dónde quedaban los bañados porque se trataba de algo especulativo y no había legislación. En la actualidad, las leyes ambientas están por encima de cualquier urbanización. El bienestar de la comunidad es prioridad”, indicó la arquitecta.
El Juzgado de Faltas y el personal municipal había clausurado la obra del barrio privado por presentar “anomalías e irregularidades”, además de “no contar con el permiso y/o autorización municipal o provincial” para realizar los trabajos.
López consideró que si todavía hay personas trabajando en el barrio –como habían denunciado algunos de los vecinos- están “en infracción y no pueden continuar”. “Para utilizar ese territorio, hay que realizar una serie de gestiones protocolares sobre el impacto hídrico y la denuncia de obra en el Municipio. No es algo que se hace dos días”, sostuvo.
“Lo primero que tenés que hacer es detectar hacia dónde corren las aguas. No podés rellenar sin tener en cuenta esto. Es una situación que ocurrió en varios lugares de la Provincia con graves consecuencias”, señaló la funcionaria.
