San Vicente .: El pasado martes, el HCD local celebró su octava sesión ordinaria, en la cual aprobó sobre tablas los pedidos de informe sobre el desarrollo inmobiliario en los humedales de la Laguna del Ojo y sobre los “aportantes truchos” en la campaña de Cambiemos. También aprobaron la adhesión a la ley que protege a personas con Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD) y el repudio al Fondo Sojero, eliminado por un decreto del Gobierno nacional.
El recinto contó con 17 bancas ocupadas por los concejales Nicolás Mantegazza, Claudia Gantus, Anahí Vázquez, Pedro López, Walter Pérez, Diego Barralle (Unidad Ciudadana), Jorge Massatti, Claudia Ramos, Andrés Lorusso (Frente para la Victoria), Leandro Ameri, Natalia Sánchez Jáuregui, Federico Tomazín, Roberto Armirotti, Graciela Biscaldi, Graciela Bustamante (Cambiemos), Juan Montalvo y Gastón Lodigiani (Frente Renovador – UNA). Adriana Boccalandro se ausentó.
Aportantes falsos
El proyecto de comunicación presentado por el bloque Unidad Ciudadana (UC) fue aprobado sobre tablas con los votos positivos de once concejales (Mantegazza, Gantus, Vázquez, Barralle, López, Pérez, Massatti, Ramos, Lorusso, Montalvo, Lodigiani), cinco negativos del oficialismo (Ameri, Sánchez Jáuregui, Biscaldi, Tomazín) y una abstención (Bustamante).
De este modo, el HCD deberá elevar un pedido de informe al Ejecutivo provincial para que informe sobre la nómina de afiliados de San Vicente pertenecientes a los partidos de la alianza Cambiemos, y que figuren en el listado de aportantes a la campaña legislativa 2017.
También pedirá el listado de vecinos beneficiados con planes sociales del ministerio de Desarrollo Social nacional o provincial, a fin de confirmar si se han utilizado las bases de datos de ANSES. La Provincia también tendrá que detallar si algún aportante es proveedor de algún ministerio u organismo nacional o provincial.
En cuanto a la Junta Electoral bonaerense, solicitarán el mismo listado de afiliados, que estén registrados como aportantes a la campaña electoral de Cambiemos en 2017; los balances de los partidos que conforman la coalición oficialista en el ejercicio 2015-2017; e información si el oficialismo cumplió, en tiempo y forma, con la entrega de la Rendición de Cuentas de la campaña.
Otro de los pedidos es el número de causas iniciadas a raíz de la investigación por “aportantes truchos” y su estado, así como el detalle de si existe alguna resolución o investigación por parte de la Junta Electoral sobre este tema.
Estos requerimientos deberán ser respondidos en un plazo de quince días hábiles a su ingreso del Poder Ejecutivo provincial y el organismo electoral, según estableció el documento.
Barrio de los humedales
El pedido de informe sobre la habilitación municipal y el impacto ambiental de la construcción del privado sobre el humedal de la Laguna del Ojo fue otro de los proyectos aprobados sobre tablas. Esta iniciativa había sido presentada por Lorusso, quien pidió su tratamiento en carácter urgente, pero recién puedo completarse su tratamiento un mes más tarde de ser ingresado al HCD.
El pedido del edil elevó el reclamo de los vecinos sobre el riesgo medio ambiental de rellenar el terreno reconocido como humedal de la Laguna, declarado como reserva natural a través del decreto 469/11.
Con la aprobación del proyecto, el Municipio debe entregar el expediente con la habilitación municipal para el loteo de los terrenos, las partidas de clausura emitidas, el informe del impacto ambiental correspondiente y otro de la Secretaría de Recursos Naturales, Turismo y Ambiente que establezca las delimitaciones de la reserva natural y los humedales aledaños.
Ley TGD
El HCD aprobó sobre tablas la adhesión a la Ley 14.191 para la creación de un sistema de protección integral de las personas que padecen Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD) en el distrito, lo que garantizará el pleno ejercicio de sus derechos.
La resolución 6.152 fue presentada por el concejal oficialista Leandro Ameri, a pedido de los padres y madres que conforman el colectivo Autismo San Vicente, abocado a la contención y asesoramiento de familias con niños, niñas y adolescentes que padecen estos trastornos.
Al adherir a esta Ley, la Dirección de Salud municipal deberá abocarse al “diseño de un servicio de intervención terapéutica específico para la atención de niños con diagnóstico de TGD y para brindar apoyo profesional a las familias”, ya que la legislación contempla escuelas para padres con pautas de Control y entrenamiento en el manejo de conductas inadaptadas.
Fondo sojero
Lorusso presentó la semana pasada un proyecto de comunicación para que el Ejecutivo nacional retroceda en su decisión de eliminar estos recursos que “afectan más de 6 millones del Presupuesto del municipio de San Vicente”. El pasado martes, el cuerpo deliberativo lo aprobó.
“El Gobierno nacional pretende resolver su descalabro financiero cortando por los más débiles, que son los municipios”, sostuvo el edil y observó que en el caso de San Vicente, las arcas se verán afectadas por “una reducción de ingresos de más de 2 millones de pesos para este año y siete millones para el año próximo”. “Este desbalance afectará considerablemente el funcionamiento del municipio en un contexto de crisis económica y social”, expone el documento.
