Domselaar .: El panorama del sector de la agricultura familiar se torna desolador con el paso de los meses. El pasado jueves, los referentes de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) local participaron de un “tractorazo” desde Parque Lezama hasta el Ministerio de Agroindustria, que decidió dar de baja el Monotributo Social Agropecuario (MSA).
En San Vicente, Brandsen y otras zonas aledañas, esta política afectó de manera preocupante a los pequeños productores de lechones, chacinados, quesos, masa, huevos y miel, quienes contaban en su totalidad con este beneficio.
El MSA era una herramienta gratuita que dependía del Ministerio de Agroindustria de la Nación, destinado a quienes registren un monto de venta y/o facturación menor a 72 mil pesos anuales. Para muchos productores, este beneficio significaba formalización laboral, acceso a la salud a través de una obra social y la posibilidad de aportes jubilatorios.
“El Ministerio se hacía cargo del costo. Pero con esta medida, cada uno de nosotros deberá pagar su obra social. Si bien no implica una gran suma de dinero, no vamos a poder sostenerlo en el tiempo, por lo que perderemos la posibilidad de aportar y facturar. Vamos a pasar a ser trabajadores precarizados, sin ningún tipo de control o regulación del Estado”, explicó a Al Sur el referente de la UTT local, Agustín Sánchez.
A esta última decisión del Ministerio, se sumó el reclamo por el “desmantelamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar”, que desde hace dos años está “vaciada de políticas y sin financiamiento para el sector”.
También exigieron la implementación de tarifas diferenciadas para la electricidad y los combustibles, créditos blandos a tasa subsidiada, subsidios a los insumos utilizados en la producción y la implementación de la Ley de Emergencia Social.
La falta de estas políticas implico que muchos productores porcinos del distrito comenzarán en el rebusque de nuevo, ya que “el aumento de los costos de los alimentos balanceados se volvió imposible”.
“Nos vimos obligados a que nos lleven al Ministerio de Desarrollo Social. Somos productores que generan alimento para la ciudadanía y no nos corresponde esa cartera. Entendemos que la asistencia es para personas que no tienen trabajo y está bien, pero nosotros sí lo tenemos y queremos pertenecer al sector productivo”, sumó Sánchez.
Emergencia agropecuaria
El último abril, la Provincia declaró la emergencia agropecuaria en San Vicente. Esta medida permitió que los chacareros locales gozarán de beneficios con respecto del pago del impuesto Inmobiliario Rural, además de prorrogas de vencimientos y obligaciones con el Banco Provincia y la Agencia de Recaudación Bonaerense (ARBA), entre otras medidas.
Sin embargo, Sánchez consideró que “todo un sector de productores familiares se quedó afuera”. “La respuesta de Provincia y Nación fue otorgar créditos bancarios. Esto está bien pero los productores de la agricultura familiar no están bancarizados, por lo que no es posible que acceda, tanto por la tasa de interés como las requisitos, que son imposibles”, criticó.
Como consecuencia, la agricultura familiar de San Vicente se diluye en un cuadro de ajuste y vaciamiento de políticas. “Cada vez hay menos productores porque tienen que buscar trabajo o changas en otro lado”, señaló.
