La Plata | El gobernador Axel Kicillof formalizó la creación del Régimen de Compensaciones Tarifarias para el Transporte Automotor de Pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Esta medida surge como respuesta directa a la eliminación de los subsidios nacionales al transporte, buscando asegurar que el servicio público no se interrumpa en el territorio provincial.
El nuevo esquema, que será gestionado por el Ministerio de Transporte bonaerense con apoyo de la cartera de Economía, abarca a las líneas de colectivos urbanas y suburbanas tanto de jurisdicción provincial como municipal. La decisión profundiza un proceso iniciado en 2018, cuando la Provincia comenzó a absorber costos operativos para evitar que los aumentos impactaran de lleno en el boleto de los usuarios.
La urgencia del decreto se fundamenta en el vencimiento del convenio con el Estado nacional, fijado para el 31 de diciembre de 2025. Con esta autonomía financiera, el Ejecutivo provincial pretende establecer un marco de estabilidad que permita sostener la regularidad de los recorridos frente a la presión presupuestaria y el retiro definitivo de los fondos de Nación.
Un componente clave del régimen es la continuidad del sistema SUBE como único medio de pago, gracias a un convenio con Nación Servicios SA. Además de facilitar el pago a los pasajeros, la SUBE funcionará como una herramienta de control central para monitorear la demanda, los kilómetros recorridos y los costos reales de las empresas prestadoras.
El alcance del programa incluye a más de 40 municipios, entre los que se encuentran Almirante Brown, Lomas de Zamora, Lanús y San Vicente, con la posibilidad de sumar nuevos distritos según el crecimiento urbano. La norma establece que las comunas deberán adherirse a los cuadros tarifarios que defina la Provincia para poder acceder a los fondos de compensación.
Finalmente, el decreto otorga al Ministerio de Transporte la facultad de auditar y actualizar las estructuras de costos de manera constante. También se incluyen mecanismos de recupero de fondos para casos de pagos indebidos, asegurando que el dinero estatal se distribuya con base en información precisa y omisiones detectadas en los reportes locales.
