San Vicente .: La Corte Suprema de la Provincia sancionó a la titular del Juzgado de Paz de San Vicente, Julieta María Ormaechea, con una licencia de 90 días por las acusaciones de maltrato a víctimas de violencia familiar y la destrucción de causas por violencia de género en una parrilla. La letrada habría tratado de “tarada” y “mogólica” a una mujer que denunció a su marido por agresiones, según detallaron fuentes judiciales.
El expediente administrativo (3001-23860/19) que consta de estas acusaciones fue abierto por la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte a partir de una denuncia presentada el último 17 de abril al procurador Julio Conte Grand, informó el medio El Día.
Ormaechea es acusada de “quebrantar las normas protectoras contra la violencia familiar” y sistematizar “un actuar impropio de un magistrado”, por lo que el máximo tribunal provincial resolvió licenciarla por 90 días a partir del pasado jueves 2 de mayo.
La jueza habría tratado de “tarada, mogólica y discapacitada” a una mujer que pretendía denunciar por segunda vez a su marido por agresiones, pero antes de que pudiera explicarle su historia de violencia, la funcionaria le habría dicho de “muy mala manera, con malos modos y a los gritos” que dejara de “jugar con la Justicia”.
Ese relato es sólo uno de los “numerosos testimonios recolectados” que sugieren “situaciones de maltrato” por parte de Ormaechea a mujeres que “compadecieron ante los estrados del Juzgado por la problemática de Violencia Familiar”.
También la letrada habría exigido “la ratificación de las denuncias” cuando la Ley 12.569 de Violencia Familiar “nada dispone al respecto, imponiendo un requisito que limitó el acceso a la Justicia e impidió el dictado de medidas urgentes”. Las denuncias no ratificadas eran destruidas en una parrilla del juzgado por orden de Ormaechea, lo que podría tipificarse como un “delito del Código Penal”. Sólo se habrían salvado las causas archivadas entre 2006 y 2018, detalló El Día.
La gravedad de este accionar de la funcionaria es por la destrucción de “denuncias originales” remitidas por la Comisaría de la Mujer e ingresadas en el juzgado con “carácter de instrumento público”.
Otras de las acusaciones es que la jueza habría exigido “patrocinio letrado en etapas procesales donde no era necesario” para avanzar en denuncias por violencia familiar; y “violentó” el “acceso de la Justicia”, ya que detectaron “más de cincuenta casos” en los cuales fue denunciado violencia doméstica pero ante “el silencio y requisitos dilatorios y burocráticos exigidos por el juzgado”, debieron “concurrir a otros juzgados de La Plata”.
Además le adjudican haber negado “medidas cautelares protectorias” y cuando se lograba obtener una mediante un engorroso procedimiento, exigirle a la víctima “el trámite de acciones no vinculadas a la violencia”, bajo la amenaza de “dejar la cautelar sin efecto o no renovarla”. Le imputaron, asimismo, celebrar “audiencias en forma conjunta entre víctimas y victimarios, cuando el artículo 11 de la Ley 12.563 lo prohíbe”, reveló el informe del área de Control Disciplinario.
