La Plata | La empresa Secutrans SA, firma cuyo director fue cuestionado en la investigación por el sistema de fotomultas bonaerense, presentó un pedido judicial para frenar el funcionamiento de los radares en siete municipios, entre ellos San Vicente y Presidente Perón. El planteo llega luego de un fallo del juez Juan Pablo Massi y golpea directamente a TNG, cuyo presidente fue imputado por estafa y exacciones ilegales agravadas.
La causa que investiga presuntas maniobras ilegales en el sistema de fotomultas de la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo. Secutrans presentó ante la Justicia un pedido para suspender las infracciones en La Plata, Tres Arroyos, San Miguel, Almirante Brown, Cañuelas, San Vicente y Presidente Perón, municipios donde operan algunas de las principales empresas del negocio.
La presentación se da luego de que el juez de Garantías de La Plata, Juan Pablo Massi, dictara una resolución que modificó el escenario del expediente y abrió la puerta a nuevas estrategias judiciales.
En ese contexto, Secutrans busca avanzar contra el entramado empresarial encabezado por TNG, compañía que se encuentra en el centro de la investigación por irregularidades en el uso de tecnología para el control de infracciones, y contra la cámara CECAITRA, que concentra gran parte del mercado.
La situación judicial de TNG se agravó en las últimas semanas. Su presidente, Alejandro Enrique Trasmonte, fue formalmente notificado en el marco de una causa donde se lo investiga por estafa. La investigación, impulsada por la Fiscalía 11 de La Plata y con intervención del Juzgado de Garantías 4 a cargo del juez Juan Pablo Massi, refuerza el peso de las denuncias sobre el sistema de fotomultas y podría derivar en imputaciones más amplias contra funcionarios y empresarios vinculados al negocio.
Según la fiscalía, TNG utilizó de forma ilegal equipamiento perteneciente a otras empresas sin autorización ni licencia, con la supuesta connivencia de funcionarios del entonces ministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio. Esa maniobra habría permitido operar radares en distintos municipios sin cumplir con los requisitos técnicos ni legales, violando derechos de propiedad intelectual y el marco regulatorio vigente.
El pedido de suspensión presentado por Secutrans apunta a cuestionar el esquema de radarización que domina el negocio desde hace más de una década. De prosperar, podría derivar en la revisión integral del sistema de fotomultas en los principales municipios bonaerenses y abrir una nueva etapa judicial con implicancias políticas, empresariales y económicas.
