CABA | El juez Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona ordenaron allanamientos a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a unos 17 clubes, entre ellos el club alejandrino Estrella del Sur y su par Defensores de Glew. Estas medidas se alinean con un conflicto abierto entre la Casa Rosada y los directivos de la AFA.
La causa de Armella se centra en un préstamo de dos millones de euros que el Club Atlético Banfield recibió, a través de un fideicomiso, de una empresa española -poco clara- llamada Auriga League.
La sospecha es que el préstamo nunca existió y que se usó como maniobra para sacar al jugador Agustín Urzi del patrimonio del club antes de su transferencia al Juárez Fútbol Club de México. Los imputados son directivos de Banfield: Oscar Tucker, Eduardo Spinosa, y Federico Spinosa. La denuncia también sugiere una posible operación de lavado de dinero.
Ni la AFA ni los 16 clubes restantes (aparte de Banfield) están mencionados en este expediente.
Armella e Incardona están en una intensa disputa con el juez Federico Villena. El expediente de Villena investiga a la financiera Sur Finanzas por operaciones poco claras de 800.000 millones de pesos. La financiera, propiedad de la familia Vallejo, habría movido este dinero usando personas sin capacidad económica y monotributistas.
Aunque la AFA y los clubes no están directamente mencionados en la causa de Villena, varios clubes son auspiciados por Sur Finanzas. Esto hace relevantes los contratos de sponsoreo.
El juez Villena acusa a la fiscal Incardona de incurrir en «fórum shopping» (elegir un juez conveniente), modificando la acusación para incluir a la AFA y otros clubes. Villena sostiene que Armella e Incardona se quedaron con documentación que debería estar en su expediente. La disputa por la competencia está siendo resuelta por la Cámara Federal de La Plata. El camarista Jorge Di Lorenzo es el encargado de decidir qué juez es competente.
Contexto político
De forma tácita, se adjudica a Armella e Incardona jugar a favor del gobierno en la «feroz guerra contra la AFA». Detrás de esto está la ofensiva de la Casa Rosada para imponer las sociedades anónimas (SAD) en el fútbol.
También se menciona el conflicto por la difusión de audios relacionados con la causa Discapacidad, que se le adjudica a Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio Tapia, a través del streaming Carnaval.
Existe otra causa a cargo del juez federal Daniel Rafecas por una denuncia de la Coalición Cívica. Esta causa investiga un predio con una casa lujosa en Pilar que un vecino adjudica a directivos de la AFA. Rafecas impidió la salida del país de los titulares de la sociedad dueña de la propiedad, Real Central SRL (Luciano Pantano y su madre, Ana Conte), e inhibió sus bienes. Hasta ahora, no se ha detectado vinculación con ningún directivo de la AFA.
