Guernica .: El Frente Popular Darío Santillán-Corriente Nacional denunció actos de “hostigamiento” por parte del Municipio de Presidente Perón, a causa del predio utilizado por esta organización para llevar adelante un proyecto de huerta agroecológica comunitaria, que “no está bien visto” desde la gestión de Aníbal Regueiro.
Así lo explicó su referente Monica Coria en diálogo con Al Sur. El Frente integra la asociación civil 26 de Junio en Lucha, que impulsa el desarrollo de la huerta a través de un convenio firmado con el Ministerio de Desarrollo Social.
El predio, ubicado en Mariano de Necochea al 700 en el barrio San Martín, está en comodato con otra asociación (Padres en Unión e Integridad), para poder realizar las capacitaciones y actividades que convocan a unas 100 personas de manera semanal.
Esta iniciativa comenzó a finales del año pasado con la participación de los cooperativistas del programa “Argentina Trabaja”. Como parte del convenio, los referentes deben construir la infraestructura necesaria, obtener las herramientas y realizar tareas de mejorado del terreno.
Coria aseguró que si bien no pudieron comenzar a edificar la infraestructura por una cuestión de fondos, priorizaron el alambrado del predio, ya que desde diciembre del año pasado que están padeciendo actos de vandalismo diarios con destrozos de todas las instalaciones construidas.
“Los técnicos contratados tuvieron que hacer la denuncia porque rompían todo lo que hubiese en el lugar. Eso está asentado desde marzo”, afirmó la referente y agregó que la Policía “aparece casi todas las semanas” en el predio por “denuncias de la toma ilegal del terreno para loteo y venta”.
La mujer desestimó que eso sucediera, ya que el lugar donde trabajan “está señalizado, no tiene casillas ni está dividido en parcelas”. “Es más, pueden verse muchas mujeres con niños trabajando en el lugar. Nada denota que estemos tomando el terreno, por eso no tiene sentido”, indicó.
De acuerdo a sus averiguaciones, “tampoco hay nada radicado en la Comisaria ni en la Fiscalía”. Por tal motivo, se reunieron con el secretario de Gobierno, Andrés Torres, y con el entonces director de Fiscalización municipal, Luis Fernández.
A pesar de esto, la organización comenzó la semana pasada a alambrar el predio con un tejido para asegurar la zona en caso de robos. En esta oportunidad, cuatro patrulleros se acercaron con la misma denuncia de toma y no dejaron trabajar a los referentes.
“Entendemos que es un hostigamiento por parte del Municipio porque no hay denuncias ni en la Policía ni la Fiscalía. Al ser una organización social y presentar un trabajo comunitario, no está bien visto para el Municipio”, criticó Coria.
