San Vicente .: En respuesta a la nota de Al Sur sobre la ilegalidad del cobro adicional por recargar la SUBE o el crédito en teléfonos celulares, el representante de Claro en San Vicente, Marcelo Razeto, aseguró que la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante no ataca el problema de fondo, ya que “los quiosqueros son rehenes del manejo de unas cuatro empresas que prestan el servicio y les cobran por trabajar”.
El pasado 24 de septiembre, este medio publicó una nota que expone que cobrar un monto por la recarga de la tarjeta SUBE y los teléfonos celulares está declarado como “una práctica abusiva”, según establece una ordenanza aprobada en el HCD durante 2016; y que por Ley, debe ser denunciado, lo que despertó no pocas quejas de los comerciantes locales.
Razeto explicó a Al Sur que hay una vertiente que la ordenanza presentada por el concejal Andrés Lorusso no tiene en cuenta: todas las recargas de telefonía celular, televisión por cable y SUBE están manejadas por unas cuatro empresas en todo el país. Esas compañías no pagan un solo peso a los quiosqueros que brindan el servicio de recarga, les adicionan los gastos bancarios y les cobran por trabajar, según afirmó el representante de Claro.
Las empresas ofrecen a los comerciantes un monto de carga por 10 mil pesos, que deben abonar por adelantado y luego, distribuirlo. El vecino indicó que quienes ofrecían el servicio en sus comercios no recibían nada a cambio. Sin embargo, el banco que tiene las cuentas recaudadoras para este tipo de actividad comenzó desde el pasado junio a cobrar un cargo del 1 por ciento, que fue trasladado a los quiosqueros.
“Cada 10 mil pesos que debe pagar el encargado del quiosco para obtener el crédito de carga, le acreditan 9.700. Es decir, la empresa cobra 300 pesos por el servicio más el cargo del 1 por ciento de gastos bancarios. Están perdiendo casi cuatro puntos y medio por trabajar. A esto se suma el internet, los aumentos, los impuestos del local y los gastos para mantener el servicio. El comerciante solventa todo eso con los cinco o diez pesos que cobra por la recarga”, sostuvo.
También aseguró que las cuentas recaudadoras están exentas del impuesto al cheque, por lo que el banco no recibe un porcentaje como cualquier transferencia bancaria. “El Gobierno no les cobra ese cargo y la entidad les cobra un recargo del 1 por ciento por contar la plata. Miles de millones de pesos pasan por esas cuentas cada mes. Esta situación del 1 por ciento es desmedida, arbitraria y una bestialidad”, consideró.
Ante esta realidad, los vecinos no sólo están desprotegidos por la ordenanza, sino también los comerciantes que brindan el servicio de SUBE, ya que declarar como “abusiva” la práctica pero no tomar medidas concretas sobre ella acarrea otro perjuicio hacia los trabajadores.
Razeto afirmó que tras leer la nota de la ordenanza, llamó a Lorusso y se puso a su disposición para trabajar sobre esta problemática. “El pobre quiosquero pone la cara y es rehén de estos manejos. Las empresas no les paga ni un peso y los hacen cargo de los gastos. Les cobran por trabajar, lo que es increíble. Es necesario que las ordenanzas vayan a donde está el problema y no se la agarren con el comerciante, que si no cobra un adicional por la recarga, no puede trabajar más con ese servicio y ocasionará un caos en las estaciones de trenes”, puntualizó el referente.
