Guernica | El derecho a la educación de los niños no puede estar sujeto a la rentabilidad financiera de una institución, y mucho menos cuando se utiliza como un arma de exclusión camuflada. Valentino, un niño de 8 años con TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad), recibió la noticia de que no podría comenzar su tercer grado en el Nuevo Colegio Guernica. La notificación llegó de la manera más deshumanizada posible: un frío mensaje de WhatsApp informando que el niño había «perdido su vacante».
Si bien la dirección esgrimió inicialmente una deuda administrativa como motivo, la familia denuncia que la razón real es una persecución sistemática hacia la neurodiversidad del menor. En un intento por resolver el conflicto, los padres de Valentino realizaron un esfuerzo económico y saldaron la deuda en su totalidad. Sin embargo, la actitud de la escuela no cambió: continuaron las evasivas y el rechazo, confirmando que el reclamo monetario era solo una pantalla para ejecutar una «limpieza» pedagógica y deshacerse de un alumno que consideran «incómodo».
La arbitrariedad del establecimiento quedó expuesta de forma irrefutable mediante una reveladora conversación de WhatsApp. Tamara Rossi, madre de Valentino, tomó conocimiento del caso de otra madre de la misma institución que, a diferencia de ella, sí quería retirar a su hijo por disconformidad con el colegio. En ese caso, la respuesta de la escuela fue diametralmente opuesta: a pesar de que la madre buscaba activamente otra vacante, la dirección le aseguró que le guardarían el lugar de su hijo hasta el último momento. Mientras a Valentino se le cerraron las puertas por una deuda ya paga, a otros alumnos se les garantizó la permanencia preferencial, desnudando que el criterio de la institución no es administrativo, sino selectivo y discriminatorio.
El establecimiento se encuentra en avenida Jauretche y Barreto Páez de Guernica.
La actitud de la escuela no solo es cruel, sino que roza la ilegalidad. La Ley Nacional de Educación N° 26.206 y la Ley 27.044 son taxativas: ninguna institución educativa, sea pública o privada, puede negar la permanencia de un alumno por motivos de discapacidad o dificultades de aprendizaje. El TDAH no es una enfermedad, sino una condición que requiere un abordaje inclusivo, algo que el Nuevo Colegio Guernica decidió ignorar para, supuestamente, priorizar un interés meramente mercantilista y una gestión exenta de ética profesional.
La jurisprudencia argentina establece que el Interés Superior del Niño (Ley 26.061) debe prevalecer sobre cualquier derecho comercial de las instituciones. Un colegio no puede dejar a un alumno sin escolaridad a mitad de su trayectoria primaria por un saldo insignificante, y mucho menos después de haber sido cancelado. Al «soltarle la mano» a Valentino para evitar el esfuerzo humano que su condición demanda, la escuela evidencia una falta total de sensibilidad social.
Debido al daño psicológico generado y a la persistente negativa institucional, la familia se vio forzada a cambiar a Valentino de escuela para garantizar su derecho a estudiar en un entorno sano. El desarraigo de su grupo de pertenencia y la incertidumbre sufrida son consecuencias directas de una dirección que operó de mala fe, ocultando detrás de trámites burocráticos una clara intención de exclusión.
No obstante, el caso no quedará en el silencio. Tamara Rossi ya ha presentado sendas denuncias ante la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP) y el INADI, buscando que las autoridades educativas pongan un límite a estos atropellos. Ante la gravedad de los hechos, los padres han manifestado que accionarán legalmente contra la institución para sentar un precedente judicial que impida que otros alumnos con neurodiversidad vuelvan a ser vulnerados. La educación inclusiva es una obligación legal, y la dignidad de un niño no es negociable.
INADI DIEGEP
