San Vicente | En la mañana del lunes, el Concejo Deliberante de San Vicente aprobó –por unanimidad- el pedido de emergencia económica, financiera, administrativa, sanitaria y social solicitado por el Poder Ejecutivo municipal, encabezado por Nicolás Mantegazza.
Este pedido se basó en “las débiles estructuras económico-financieras en que se encuentra el municipio, dificultando la atención de los cometidos básicos, principalmente en la prestación de los servicios públicos y los considerados vitales, como el esquema de salud pública”, reza un comunicado del área de Prensa municipal.
El parte manifiesta que, luego del traspaso del poder entre Mauricio Gómez y Mantegazza, se constató “la grave situación económica y financiera en que se recibió la Comuna, con un saldo negativo de 23.075.414.37 de pesos.
“Los saldos bancarios existentes en las cuentas sin afectación ascendían a 2.205.189,04 de pesos y en cuentas con afectación específica a 11.633.589,27 de pesos (incluidas cuentas de terceros y embargos) conforme surgen de certificaciones y conciliaciones bancarias, lo que arroja una deuda flotante de 47.971.565,74 de pesos, según el listado de cuentas corrientes de proveedores”, asegura el comunicado oficial..
El manifiesto asegura que “existen trámites en las etapas de preventivo y comprometido, correspondientes a adquisición de bienes entregados y a contratación de servicios prestados con anterioridad a la fecha del acta, que se encuentran pendientes de devengar, que incrementarán el saldo negativo de la deuda flotante referida”.
Por otro lado, se ha detectado que el porcentaje de gasto comprometido en personal, sobre el monto autorizado en el presupuesto anual para el año 2019, alcanza el 73.85 % del crédito vigente, complicando seriamente compromisos ineludibles, como el pago de los haberes del mes de diciembre de 2019.
El HCD de San Vicente eprobó la prohibición de la pirotecnia sonora en el distrito.
Tras enumerar otros ítems, como la violación del Decreto Ley provincial 6769/58 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, el comunicado asegura que “todas estas circunstancias, heredadas de la administración saliente, nos llevaron a tomar la decisión de pedir la declaración de la emergencia para, una vez aprobada, poder instrumentar todas aquellas medidas idóneas a nuestro alcance para superarla lo antes posible”.
De acuerdo a la letra de la Ordenanza, el período de la emergencia será de un año, pudiendo ser prorrogado por igual plazo y por decreto del Ejecutivo, que durante este período podrá racionalizar y reorganizar las estructuras administrativas; optimizar los recursos materiales, financieros y humanos; revisar contratos en curso de ejecución, con el fin de recomponerlos de común acuerdo; reasignar, readecuar, transferir y ampliar partidas presupuestarias; celebrar convenios de recaudación con instituciones y/o personas jurídicas para facilitar la misma; suspender la vigencia de las afectaciones de fondos dispuestas por ordenanza, entre otros.
Por último, el comunicado afirma que “estamos ante una situación compleja, pero no imposible de solucionar. Por ello es que hemos enviado este proyecto al HCD, con la seguridad que el cuerpo deliberativo, legislaría con sentido común, ética y responsabilidad institucional, más allá de los colores políticos y votos para aprobar nuestra iniciativa”.
