San Vicente | Finalmente, el Concejo Deliberante de San Vicente no interpeló al intendente Mauricio Gómez por el tema de la tosquera de Domselaar. En un principio, fuentes deliberativas dijeron que el mandatario sanvicentino no se había presentado ni había enviado una nota disculpándose. Con el pasar de los días también trascendió que se había llegado a un acuerdo político con el sector de Cambiemos (vía Graciela Biscaldi y Leandro Ameri) para que Gómez no tuviera que comparecer el último día de su mandato. Lo que no trascendió fueron los puntos de ese supuesto acuerdo.
Los concejales opositores de la Comisión conformada especialmente para investigar este tema, sospechan o sospechaban de irregularidades por parte del Municipio en la habilitación de este emprendimiento.
Inconformidad
Muchos ediles no quedaron conformes con los pocos datos que dio el Jefe de Gabinete Federico Cantó, cuando fue interpelado por la Comisión Especial. Según la ordenanza votada el año pasado en el HCD, Cantó fue el encargado de manejar un registro de empresas oferentes para explotar la extracción de suelo, pero ante los concejales admitió que ese registro nunca se publicitó en un edicto, como corresponde.
Según el ex concejal Carlos Laguzzi, existió un abuso de posición dominante por parte de Federico Cantó, que “teniendo a su cargo el registro de oferentes, no lo publicó en ningún medio y pudo haber utilizado esa información para favorecer a sus allegados o parientes”.
Todas estas supuestas irregularidades fueron sacadas a la luz por Laguzzi, quien realizó una investigación sobre el tema y descubrió algunos datos que –curiosamente- no habían sido advertidos por los ediles que votaron la resolución. Esas posibles anomalías irían desde suspender momentáneamente una ley vigente, hasta una supuesta modificación en el texto de la ordenanza promulgada con respecto a la que se había aprobado en el HCD.
En el medio de esos dos ítems, también se supo que, de las tres empresas que se inscribieron, dos pertenecían a Juan Carlos Cantó y Horacio Garat (Octan Win SA y Olcan SRL); y la tercera a nombre de Luis Jorge Vuoso, una persona que mantiene deuda con varios bancos y el Fisco, por lo que está inhabilitado para operar.
Además consta que el emprendimiento fue habilitado por el Municipio en noviembre de 2018, cuando la empresa Octan Win aún no había obtenido el informe de impacto ambiental por parte del área de Minería bonaerense, que recién fue otorgado en septiembre de este año. O sea, que la empresa habría operado casi un año fuera de la ley.
Según fuentes deliberativas, la interpelación a Gómez era el último paso antes de emitir una determinación, aunque consideraron que tiene que ser la Justicia quien tenga la última palabra. Según pudo saber Al Sur Web, toda la documentación de esta investigación será presentada por Laguzzi ante algún organismo anticorrupción de la provincia de Buenos Aires y ante la Justicia.
En ese sentido, el ex edil adelantó que existen varios fallos de la Corte Suprema de Justicia en donde ratifican la improcedencia de aplicar ordenanzas en el caso que no fueran publicadas.
Más allá si este fue un acto de corrupción o no, podemos asegurar que se trata, al menos, de un acto reñido con la ética. ¿Por qué motivo se derogó por 45 días una ordenanza que prohibía la extracción de suelo en el distrito y luego se volvió a poner en vigencia? ¿Por qué no se publicó el edicto del registro de empresas? ¿Cómo se enteraron los oferentes? ¿Por qué se habilitó el emprendimiento si le faltaba documentación importante como la de impacto ambiental?
Incumplimiento | Reclaman por la construcción del Hospital Veterinario Municipal.
¿Transparencia?
Durante su gobierno, Gómez pregonó “transparencia”, pero nunca presentó su estado patrimonial, como lo había votado el HCD. Tampoco se les dio a los concejales la clave RAFAM para que los ediles pudieran enterarse en que se gastaba la plata de los contribuyentes.
Estos son temas que van de la mano con la deuda de más de 40 millones de pesos que la administración Gómez contrajo con el Instituto de Previsión Social (IPS) Edesur y el CEAMSE; y los 32 millones del Fondo de Financiamiento Educativo que Rodolfo Ameri nunca pudo justificar ante el HCD. Ni cuando fue interpelado, ni en las sesiones posteriores.
Hubiera sido bueno que el jefe comunal se presentara a dar respuestas para aportar luz a este tema que, según la documentación a la que tuvo acceso Al Sur Web, va dar mucho que hablar en la opinión pública.
Esperamos también, que, de aquí en más, los concejales revisen minuciosamente cada ordenanza o resolución que votan. Parece que hay muchos que solamente van a calentar un asiento.
