San Vicente | El 31 de octubre de 2019, el Tribunal en lo Criminal N° 5 de La Plata marcó un antes y un después en la lucha contra la inseguridad rural y la ocupación de tierras en los partidos de San Vicente y Brandsen. En un fallo unánime, los jueces Carmen Rosa Palacios Arias, María Isabel Martiarena y Ezequiel Augusto Medrano sentenciaron a Juan Ariel Cristian Heine a la pena de 14 años de prisión.
Un prontuario marcado por la violencia y el despojo
La investigación judicial reveló que Heine no era un delincuente común, sino el líder y organizador de una asociación ilícita que operaba bajo un esquema de división de roles funcionales. El «modus operandi» de la banda, activa desde el año 2006, consistía en la toma clandestina y violenta de inmuebles, granjas y predios de gran extensión.
Entre los delitos que se le imputaron y probaron en el juicio se destacan robos calificados cometidos en despoblado y en banda; usurpación de inmuebles mediante el uso de la fuerza y el amedrentamiento de cuidadores, coacción agravada y estelionato, vendiendo bienes ajenos como si fueran propios; uso de documentación apócrifa para simular títulos de herederos, como ocurrió en el caso del predio del sindicato SMATA en Brandsen; y cohecho, tras intentar sobornar a efectivos policiales en 2013 para evitar una detención previa.
El tribunal destacó que el accionar de Heine no solo afectó el patrimonio de las víctimas, sino que alteró profundamente la «tranquilidad social» de la región, apoyándose en un clima de amenazas constantes y presuntas complicidades políticas y policiales de la época.
Ariel Heine, durante el juicio celebrado en La Plata en 2019.
Reincidencia y fecha de liberación
La severidad de la pena (14 años) se fundamentó también en la condición de reincidente de Heine. El imputado ya contaba con antecedentes por robos calificados y privación ilegal de la libertad, e incluso protagonizó una fuga de su lugar de detención en 2012 que derivó en una captura internacional.
Tomando en cuenta que la sentencia se dictó a finales de 2019 y que el tribunal ordenó el cumplimiento efectivo de la misma, se estima que Juan Ariel Cristian Heine recuperará su libertad recién en el año 2033, una vez cumplido el término de su condena.
Este fallo histórico para San Vicente no solo puso fin a una década de impunidad para su cabecilla, sino que también otorgó un cierre legal a las numerosas víctimas que, durante años, fueron expulsadas de sus tierras bajo la fuerza de las armas y el engaño.
El eco de un fallo que devolvió la paz a San Vicente
El paso del tiempo suele borrar la memoria de los expedientes, pero en San Vicente, el nombre de Ariel Heine permanece como el recordatorio de una época donde la propiedad privada y la seguridad pendían de un hilo. El fallo dictado el 31 de octubre de 2019 por el Tribunal en lo Criminal N° 5 de La Plata no fue una sentencia más; fue el cierre de una herida abierta en la estructura social de nuestra región.
Durante más de una década, una verdadera «industria del despojo» operó con una impunidad que helaba la sangre. No se trataba de simples hurtos, sino de una asociación ilícita perfectamente aceitada que, mediante el uso de la fuerza y la violencia, expulsaba a familias de sus tierras y desvalijaba granjas enteras.
El testimonio de las víctimas, que relataron ante los jueces cómo perdieron el esfuerzo de toda una vida en manos de esta banda, refleja un nivel de desprotección que ningún ciudadano debería volver a enfrentar.
Lo más alarmante de aquel proceso fue la confirmación de lo que muchos susurraban en las calles: la existencia de una red de complicidades que permitía a Heine y sus secuaces actuar como «dueños» de lo ajeno. La utilización de documentación apócrifa para usurpar predios como el de SMATA demuestra que la organización no solo usaba armas, sino también una estructura administrativa corrupta para legitimar sus robos.
Hoy, con Heine cumpliendo su condena de 14 años —cuya libertad recién se vislumbra para el año 2033 debido a su condición de reincidente—, San Vicente puede mirar hacia atrás con la lección aprendida. La justicia tardó, pero llegó con una contundencia ejemplar, reafirmando que nadie, por más vínculos que ostente, está por encima de la ley.
Este aniversario del fallo debe servir para recordar que la «tranquilidad social» es un activo frágil que debe protegerse. Que la historia de este delincuente, hoy tras las rejas, sea el recordatorio de que el despojo violento no tiene lugar en una comunidad que aspira a la convivencia democrática.
