La Plata | El sistema judicial bonaerense ha puesto finalmente en marcha el esperado juicio oral por los hechos de violencia institucional ocurridos en la Comisaría de Domselaar. El proceso, que ha generado una fuerte expectativa en la comunidad de San Vicente, busca esclarecer una serie de denuncias por torturas y tratos inhumanos que habrían tenido lugar en la dependencia policial. El banquillo de los acusados está ocupado por siete agentes que prestaban servicio en aquel entonces, marcando un hito en la búsqueda de transparencia y justicia institucional para la región.
Los imputados que enfrentan este proceso son los efectivos Cecilia Ballerini, Juan Fernández, Rodolfo Morales, Emilce Ponce, Carlos Remuzzi, Jorge Rodríguez y Lucas Vizgarra. Sobre ellos pesan graves acusaciones que incluyen la aplicación de tormentos físicos y psicológicos, así como el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según la instrucción de la causa, los agentes habrían abusado de su autoridad de manera sistemática, vulnerando los derechos fundamentales de las personas que se encontraban bajo su custodia.
Los hechos que se ventilan en el debate ocurrieron entre los años 2015 y 2016. Durante ese periodo, diversas inspecciones y denuncias posteriores revelaron condiciones de detención alarmantes en la seccional de Domselaar. Los testimonios de las víctimas describen un escenario de hacinamiento extremo y falta de acceso a servicios básicos, donde las agresiones verbales y físicas eran, presuntamente, una práctica recurrente por parte del personal policial a cargo de la vigilancia.
Uno de los puntos más sensibles de la acusación detalla que los detenidos permanecían en celdas minúsculas, a menudo sin ventilación adecuada y privados de una alimentación digna. Además, se investigan episodios específicos de violencia física que habrían sido utilizados como método de castigo o amedrentamiento. Para la fiscalía y la querella, estas acciones no fueron hechos aislados, sino parte de una dinámica de «sometimiento total» que caracterizaba el funcionamiento interno de la comisaría en aquel tiempo.
La causa tomó impulso tras la intervención de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), organismo que actuó como particular damnificado tras detectar las irregularidades durante sus monitoreos preventivos. El trabajo de este organismo fue clave para recolectar las pruebas y testimonios necesarios que permitieron elevar el caso a juicio. La labor de control de los lugares de encierro resultó fundamental para visibilizar lo que, hasta entonces, permanecía oculto tras los muros de la seccional.
El inicio de este debate llega con una demora considerable, motivada en parte por las estrategias de las defensas y la opción de los imputados de ser juzgados bajo la modalidad de juicio por jurados. Este derecho constitucional, aunque dilató los tiempos procesales, garantiza que el veredicto final sea el resultado de un análisis exhaustivo de las pruebas presentadas ante los magistrados. No obstante, para las víctimas y sus familiares, la apertura de las audiencias representa el fin de una larga espera de casi una década.
Se espera que el juicio se extienda durante varias jornadas, en las que desfilarán testigos, peritos y exdetenidos que brindarán su relato sobre lo vivido en Domselaar. El resultado de este proceso no solo definirá el futuro de los siete policías implicados, sino que también enviará un mensaje contundente sobre los límites del ejercicio del poder estatal. Para San Vicente, este caso representa una oportunidad de cierre y una reafirmación del compromiso con los derechos humanos en el ámbito de la seguridad local.
