Brandsen | La comunidad de Brandsen se encuentra en estado de alerta ante el proyecto de instalación de dos centrales termoeléctricas en el kilómetro 49 de la Ruta 2. Las empresas MSU Energy y SCC Power buscan radicar estas infraestructuras en una zona que, según advierten diversos sectores locales, posee una alta sensibilidad ecológica. El debate se ha intensificado debido a los antecedentes de estos proyectos, que ya enfrentaron restricciones legales en otras jurisdicciones por su potencial impacto ambiental.
Uno de los puntos centrales de la controversia es el uso intensivo de los recursos hídricos. Se estima que las plantas requerirían una extracción de aproximadamente 7 millones de litros de agua dulce diarios provenientes del acuífero Puelche, una de las reservas hídricas más importantes del país. Esta situación genera incertidumbre sobre la sostenibilidad del suministro para el consumo humano y para el cordón frutihortícola de la zona, que es fundamental para el abastecimiento de alimentos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En cuanto a la calidad del aire, los informes técnicos señalan que la operación de estas centrales implica la emisión de óxido de nitrógeno y dióxido de azufre a través de sus chimeneas. De acuerdo con estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), estas sustancias están asociadas al desarrollo de afecciones respiratorias. Dado que la dispersión de gases depende de las condiciones meteorológicas, existe el temor de que el impacto alcance no solo a Brandsen, sino también a distritos vecinos como La Plata, Berazategui y Quilmes.
La ubicación propuesta también es objeto de análisis legal y ambiental, ya que el predio se encuentra en las proximidades de un humedal protegido por la ordenanza municipal 1236. Los especialistas advierten que la alteración de estos ecosistemas podría comprometer la biodiversidad local y la capacidad de drenaje natural de los suelos. Esta preocupación ha llevado a la comunidad a exigir que se respeten las normativas vigentes antes de avanzar con cualquier modificación en el uso de la tierra.
En el ámbito institucional, el conflicto se centra en la posible modificación del Código de Ordenamiento Urbano Territorial. Vecinos y entidades civiles sostienen que cualquier cambio en la zonificación que permita actividades de alto riesgo ambiental debe ser precedido por instancias obligatorias de participación ciudadana y audiencias públicas. El objetivo es garantizar que el desarrollo energético no se realice en detrimento de la salud pública ni de la preservación de los recursos naturales.
Por el momento, la situación permanece bajo estudio en el Concejo Deliberante local, mientras la presión social ha logrado postergar decisiones definitivas. La resolución del conflicto dependerá del equilibrio que se logre entre las necesidades de expansión energética y el cumplimiento estricto de las garantías ambientales que protegen la calidad de vida de los habitantes de la región.
