En una decisión netamente recaudatoria y sin garantizar vías colectoras ni caminos alternativos gratuitos en condiciones, la provincia activó el cobro de peaje en el kilómetro 51 de la Autovía 6.
San Vicente | El inicio de octubre dejó un profundo malestar entre los vecinos de San Vicente. La empresa estatal AUBASA activó en la Autovía Provincial 6 el cobro electrónico de peaje sin barreras, transformando un trayecto cotidiano por la región en una nueva carga para el golpeado bolsillo de las familias locales.
Conocida históricamente como la traza «Antonio Cafiero», la Ruta 6 constituye un estratégico corredor logístico e industrial que une a 12 municipios bonaerenses. Sin embargo, la sorpresiva implementación del sistema Free Flow parece orientada a recaudar a expensas de quienes transitan a diario entre San Vicente, Alejandro Korn, Canning y Brandsen.
La tecnología desplegada opera mediante pórticos inteligentes con cámaras y lectores láser que registran las patentes a velocidad de marcha. En nuestra región el impacto es inmediato: uno de los puntos centrales de cobro quedó ubicado estratégicamente en el kilómetro 51, a la altura de San Vicente, afectando la circulación de trabajadores, comerciantes y productores del distrito.
Para los automovilistas locales, el cuadro tarifario representa un duro golpe: $1.838 en horario no pico y $2.298 en horas pico. Aunque la concesionaria anuncia una bonificación del 30% para residentes, este descuento resulta insuficiente para mitigar el gasto mensual de quienes cruzan la rotonda vicentina a diario para trabajar o llevar a sus hijos a las escuelas de la zona.
El sistema free flow llega en detrimento de quienes transitas por la Ruta Provincial 6.
La vinculación obligatoria del dispositivo TelePase bajo la amenaza de multas severas pasados los 30 días de gracia impone un régimen inflexible. En lugar de resolver las deudas históricas de iluminación y seguridad en las intersecciones del municipio, la prioridad del gobierno provincial fue acelerar la recaudación automática.
La medida desató el inmediato rechazo de sectores comunitarios y del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV). La crítica principal expone una evidente injusticia económica: volver a cobrar por una arteria construida con los impuestos generales de la ciudadanía representa una indiscutible doble imposición tributaria.
El aspecto más arbitrario de la medida es la total ausencia de colectoras gratuitas o caminos alternativos asfaltados. Para el vecino de San Vicente que debe desplazarse hacia los distritos vecinos, no existe una alternativa real que le permita evitar los pórticos sin caer en huellas de tierra intransitables durante los días de lluvia.
Esta falencia vulnera de forma directa el artículo 14 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a transitar libremente. La jurisprudencia es concluyente: un peaje solo es legalmente válido si el ciudadano conserva la opción libre y gratuita de un trazado alternativo en condiciones óptimas.
Al omitir la construcción previa de colectoras, las autoridades provinciales transformaron a la Ruta 6 en una aduana interna monopólica. De este modo, se condiciona el movimiento de comunidades productivas como San Vicente, forzando a tamberos, pymes y trabajadores a pagar un injusto «impuesto al tránsito» para circular dentro de su propia provincia.
Bajo el eslogan de la innovación tecnológica y la fluidez del tránsito, la gestión provincial prefirió el afán recaudatorio antes que garantizar los derechos fundamentales de los bonaerenses. San Vicente no necesita peajes inteligentes que encarezcan el trabajo y la vida cotidiana, sino colectoras reales, obras transparentes y el respeto irrestricto a la libertad de circulación.
