San Vicente .: Los trabajadores del centro de atención local (CAL) de la Agencia Nacional de Discapacidad (AND) están en estado de alerta y movilización a causa de “el avance de políticas de reducción y ajuste que buscan el vaciamiento del organismo”. “El impacto negativo de estas medidas a nivel local pone en riesgo la cobertura de salud, educativa y sociocultural de la población más vulnerable”, denunciaron.
La oficina, que comprende a los municipios de San Vicente, Presidente Perón y Cañuelas, pretende ser cerrada por el Gobierno nacional, que trasladará a sus trabajadores a las Ventanillas Únicas de ANSES, según indicaron desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en un comunicado.
“Somos conscientes que esta medida con ANSES busca simplificar las pensiones por invalidez o discapacidad al Certificado Único de Discapacidad, que deja por fuera a infinitos diagnósticos como HIV, Lupus, Diabetes, chagas, enfermedades oncológicas, traumatológicas, artritis reumatoide, Hipoacusia, entre otras”, explicaron.
El CAL San Vicente abrió sus puertas en 2008 y permitió que más de 6 mil familias accedieran al derecho de una pensión. Sin embargo, los trabajadores aseguran que desde 2016 vienen padeciendo “el avance de políticas de reducción y ajuste que buscan el vaciamiento del organismo”, lo que “perjudicó notoriamente tanto a los empleados como a las personas que cobraban la pensión o comenzaron a tramitarla”.
La decisión de trasladarlos a ANSES afectaría a unos 500 trabajadores en todo el país, a quienes el Gobierno les aseguró su puesto laboral hasta diciembre. A esto se sumó a la paralización de 100 mil solicitudes que esperan una resolución desde 2015. “Teníamos 180 mil trámites que estaban aprobados y hoy vuelven a ser nuevamente auditados”, explicó a Al Sur el delegado gremial de ATE San Vicente, Christian Gutiérrez.
Entre los 100 mil trámites denunciados como paralizados, sólo “30 mil fueron habilitados” por pedido de la Justicia, mientras que ATE registró “más de 70 casos de personas que murieron esperando una pensión por más de tres años”. De acuerdo a un informe del sindicato, el Gobierno “suspendió 97.824 pensiones en 2016 y 117.205 en 2017, pero sólo reactivaron 4.258 trámites en 2016 y 39.344 en 2017”.
Con el ingreso al Fondo Monetario Internacional (FMI), los trabajadores temen “una posible revisión y una baja que alcanzaría al 10 por ciento de los beneficiados, además del ajuste de 8.000 millones dentro del presupuesto anual de 84.000 millones”.
En San Vicente, la oficina padeció dos despidos en abril. Tras medidas de lucha, el gremio pudo reincorporar a Gutiérrez, pero su compañera continúa desempleada. “Nuestro organismo hoy se encuentra hoy casi parado. Las pensiones no salen a pesar de que atendemos a la población más vulnerable. Tenemos trámites parados desde hace más de tres años”, expuso el delegado.
El ajuste comienza a volverse visible en algunos de los 72 CAL que debieron cerrar sus puertas, como es el caso de Lomas de Zamora, Moreno y Tres Arroyos. En ese sentido, el referente sindical aseguró que el funcionamiento de estas delegaciones “conlleva una contención y el acceso a la política pública, a través de una mirada integral sobre la problemática de las personas”.
“Somos conscientes que este derecho hizo a esta Nación menos desigual. No vamos a permitir que simplifiquen las pensiones al Certificado Único de Discapacidad, siendo las mismas un límite en cuanto al acceso al mercado laboral formal. En otras palabras, si no hay pensiones, no hay trabajo”, cuestionó.
