San Vicente | Esta mañana, la Comisión Especial formada en el Concejo Deliberante para tratar el tema de la cantera de la localidad de Domselaar, tenía previsto interpelar al Jefe de Gabinete municipal, Federico Cantó, quien no se presentó a la cita. El funcionario adujo en una nota, no poder concurrir por compromisos asumidos con anterioridad. Lo volvieron a citar para el viernes a las 11.
La Comisión que investiga posibles irregularidades en la habilitación de éste emprendimiento extractivo de tosca, citó a Cantó porque fue el funcionario encargado de manejar el registro de empresas oferentes para operar en el distrito, muy a pesar que existe una ordenanza que prohíbe esa actividad.
Hace unas semanas, el ex concejal Carlos Laguzzi había presentado una nota ante esta Comisión, con pormenorizados detalles de las operaciones realizadas, que darían luz a la polémica.
Según el comunicado de Laguzzi, se habrían presentado varias irregularidades en lo referente a la habilitación por parte del Municipio, de ésta cantera ubicada a mil metros de la entrada de Domselaar. Por un lado, los titulares de dos de las empresas oferentes serían los mismos; y la tercera tendría como titular a una persona insolvente y con deudas a bancos y el Fisco.
Los integrantes de la Comisión intentarán saber cómo se enteraron estas empresas del Registro, cuando nunca fue publicado por el Municipio en ningún medio de comunicación (edicto).
La cronología presentada por Laguzzi establece la compra de los campos donde funciona la tosquera, diez días antes que el Ejecutivo municipal presentara ante el HCD el proyecto para dejar sin efecto -por 45 días- la ordenanza que prohíbe la extracción de suelo en el distrito.
Cantó fue citado nuevamente para mañana a las 11, pero se excusó. Finalmente, deberá comparecer ante la Comisión Especial este viernes a las 11.
Se viene un fin de año difícil para el actual oficialismo. Además de la tosquera, está pendiente el tema de los más de 40 millones de deuda que quiere dejar la Administración de Mauricio Gómez a la de Nicolás Mantegazza. Según lo presentado por el Ejecutivo, existe una deuda de 10,1 millones de cargas sociales al Instituto de Previsión Social (IPS), de 14,3 millones a la Empresa Distribuidora Sur (EDESUR) y de 15,6 millones al Cinturón Ecológico Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).
También está en danza un proyecto poco claro (que según supimos no se aprobará) sobre el aumento de la cota de altura de los edificios que se pueden construir en el distrito.
