Entre tarifas desorbitadas, frecuencias desmanteladas y un cepo administrativo insólito a la Línea 248 C, los vecinos de San Vicente y Alejandro Korn han quedado atrapados en un monopolio brutal amparado por el propio Estado bonaerense.
San Vicente | Viajar diariamente desde San Vicente y Alejandro Korn hacia La Plata se ha transformado en un calvario intolerable donde el sentido común y la empatía social han sido erradicados de cuajo. Lo que para cualquier ciudadano representa el derecho básico a trasladarse para estudiar, trabajar o atender la propia salud, para la empresa Plata Bus S.A. y el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires no es más que un coto de caza comercial regulado mediante la arbitrariedad burocrática. La reciente trampa administrativa montada bajo la excusa de la «protección de trazados» ha consagrado un monopolio de facto que asfixia a miles de familias que ven dinamitada su calidad de vida ante la indiferencia de los funcionarios.
La conducta prestacional de Plata Bus desde su desembarco en la región roza lo abusivo y descarado. En apenas dos meses, los vecinos sufrieron un zarpazo tarifario inaudito de más del 170%, llevando el pasaje de $4.400 a $12.000, una exacción que no resiste comparación con ningún índice inflacionario ni parámetro salarial. Pero el atropello no culmina en la billetera: la compañía desmanteló el servicio directo exclusivo San Vicente-La Plata para reemplazarlo por un esquema de larga distancia totalmente ineficiente. Hoy, un trabajador o estudiante que sale a las 13:30 de la capital provincial puede esperar tirado en la terminal platense hasta las 19 horas, sufriendo demoras crónicas, suspensión intempestiva de frecuencias y precios exorbitantes que incitan directamente a la deserción universitaria y al ausentismo laboral.
Ante este calvario, la respuesta institucional del Ministerio de Transporte bonaerense mediante la Resolución N° 214 no solo fue decepcionante, sino abiertamente perversa. Al adjudicar la Línea 248 C a la empresa Plusmar, la autoridad provincial impuso un ridículo «cepo operativo»: los micros que transitan por la Ruta Provincial 6 tienen terminantemente prohibido parar, subir o bajar pasajeros en San Vicente y Cañuelas. La imagen roza el absurdo: trabajadores y estudiantes esperando horas bajo la lluvia o la intemperie mientras observan pasar unidades semivacías con las puertas trancadas, imposibilitados de subir por una firma ministerial que prioriza la caja empresarial sobre el bienestar colectivo.
A la línea 248C se le prohibe subir y bajar pasajeros en San Vicente y Cañuelas.
El argumento técnico esgrimido por la cartera provincial para justificar semejante atrocidad es la presunta «superposición de trazados» con la Línea 211 de Plata Bus. Sin embargo, esa justificación es cierta a medias y se desmorona por completo al cotejar la geografía real del distrito. Los colectivos de Plata Bus que van desde La Plata circulan por la Ruta Provincial 6 hasta la Ruta 210 y por esta hacia Alejandro Korn. Por su parte, la nueva línea prestada por Plusmar continúa por Ruta 6 hacia San Vicente con destino a Los Toldos. En el tramo comprendido entre la Ruta 210 y la Avenida Sarmiento (ingreso principal a San Vicente) no existe ninguna superposición con Plata Bus, lo que deja al descubierto que la prohibición es una burda excusa para regalarle la exclusividad del mercado a una empresa deficiente.
Esta insólita restricción dinamita el principio fundamental de libre competencia y pisotea las garantías constitucionales más básicas de los bonaerenses. El artículo 42 de la Constitución Nacional y el artículo 38 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires amparan taxativamente los derechos de los usuarios y consumidores a recibir servicios públicos eficientes, de calidad y con libertad de elección. Ninguna resolución de rango inferior puede ejercerse con semejante arbitrariedad ni transformar la potestad regulatoria del Estado en un candado monopólico que condene al aislamiento a toda una comunidad.
Frente a este avasallamiento, la comunidad sanvicentina ha reaccionado de manera ejemplar, organizando asambleas y juntando gran cantidad de firmas de estudiantes, docentes de la UNLP y trabajadores para exigir la restitución del servicio directo, la auditoría del cuadro tarifario y el establecimiento de un boleto estudiantil y social. Sin embargo, mientras los expedientes se adormecen en la cansina burocracia de la Subsecretaría de Transporte, los vecinos continúan perdiendo horas de vida y sumas siderales en viajes improvisados vía Brandsen o mediante combinaciones ferroviarias extenuantes.
Los sanvicentinos deben esperar interminables horas para poder viejar de vuelta al distrito.
La pasividad del Ministerio de Transporte resulta exasperante y cómplice. En lugar de fiscalizar con dureza las irregularidades horarias, el valor desmedido del boleto y la arbitraria quita de frecuencias de Plata Bus S.A., las autoridades eligen actuar como blindaje de sus privilegios comerciales. El Ministerio debe asumir de inmediato su rol rector: es su obligación legal intervenir de urgencia para auditar los costos de Plata Bus, sancionar sus reiterados incumplimientos e imponer la inmediata restitución de las plazas directas a precios razonables.
Del mismo modo, resulta imprescindible e innegociable la derogación inmediata del cepo a la Línea 248 C. El Ministerio de Transporte debe habilitar de forma urgente la parada de dichos micros para que sea una opción más de viaje para los vecinos. Permitir que los usuarios suban a estas unidades en el tramo de la Ruta 6 y Avenida Sarmiento no vulnera ningún derecho comercial legítimo de Plata Bus —dado que los recorridos reales no se superponen— y, en cambio, inyectaría una alternativa vital de transporte para descomprimir la abrumadora demanda insatisfecha.
Paralelamente, los poderes locales, las intendencias y la Defensoría del Pueblo no pueden limitarse a meras declaraciones de compromiso. Se vuelve imperativo acudir sin mayor dilación a la Justicia Contencioso Administrativa mediante la interposición de un Amparo Colectivo acompañado de una medida cautelar de no innovar. Existen sólidos y contundentes antecedentes en los tribunales bonaerenses donde el fuero judicial ha pulverizado resoluciones ministeriales arbitrarias que subordinaban el derecho a la movilidad de la población al resguardo de concesiones privadas.
San Vicente y Alejandro Korn no son territorios de segunda ni simples puntos cartográficos para ser contemplados desde la ventanilla de un colectivo a puertas cerradas. La conectividad territorial es trabajo, es acceso a la educación superior, es salud y es dignidad humana socialmente garantizada. El Ministerio de Transporte bonaerense debe decidir de qué lado está: si del lado de la especulación de un monopolio abusivo o del lado de miles de vecinos que exigen, con total legitimidad y firmeza, el fin del cautiverio operativo y el derecho inalienable a viajar con libertad y respeto.
