Guernica | Ayer por la tarde, jefes comunales de la Tercera Sección Electoral se reunieron en el Municipio de Presidente Perón y se pronunciaron con respecto a la usurpación masiva de tierras que se dio en los barrios San Martín y Villa Numancia Sur, en la ciudad de Guernica. Expresaron “preocupación y repudio por aquellos que utilizan la necesidad de la gente para llevar adelante sus negocios inescrupulosos”, según un comunicado.
Del encuentro participaron la anfitriona Blanca Cantero, junto a sus colegas Nicolás Mantegazza (San Vicente), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Marisa Fassi (Cañuelas), Fernando Espinosa (La Matanza), Juan José Mussi (Berazategui), Hernán Y Zurieta (Punta Indio), Mario Secco (Ensenada), Andrés Watson (Florencio Varela), Gastón Granados (Ezeiza) y Fabián Cagliardi (Berisso).
La toma de tierras en Guernica se produjo el 20 de junio pasado en un vasto predio de los barrios San Martín y Villa Numancia Sur. Si bien los usurpadores alegan que esas tierras son improductivas (motivo injustificado para tomarlas) lo cierto es que la Justicia, a través del Juzgado de Garantías 8 de Cañuelas, estableció que tienen dueños.
“No podemos tener una mirada contemplativa con aquellos que utilizan la necesidad de la gente para llevar adelante sus negocios inescrupulosos. El Estado debe ser firme para poner un límite a quienes hacen de las desigualdades un negocio. Condenamos rotundamente la ocupación ilegal de tierras y viviendas. Es un delito y como tal la Justicia debe intervenir para hacer cumplir la Ley”, establece uno de los párrafos del comunicado firmado por los alcaldes.
Los intendentes adelantaron además, que se comunicaron con el Ministro de Justicia bonaerense, Julio Alák y harán lo propio con el Departamento Judicial de La Plata, que actúa en el caso de la toma de terrenos en Guernica. Además, le solicitaron al gobernador Axel Kicillof, a senadores y diputados, reuniones de trabajo sobre este tema para coordinar acciones en conjunto.
Judicialmente hablando, el Juez de Garantías Martín Rizzo impuso una medida de “no innovar” en este caso, por lo que se prohíbe el ingreso de más usurpadores y la realización de mejoras en los terrenos del predio. Durante los últimos días, la policía realizó varias detenciones y secuestró varios vehículos que eran utilizados por los ocupantes, por desobedecer la normativa judicial.
“Desde el Estado nacional y provincial se tiene que establecer una política clara para el desarrollo urbano, el hábitat y la construcción de viviendas para las familias que aún no cuentan con un lugar digno donde vivir. Lo que debemos hacer es responder a esa necesidad con programas y políticas públicas que reviertan esta situación. La urbanización de los barrios populares no puede quedar en una consigna, tenemos que discutir seriamente cómo se va a financiar la política de vivienda, para construir una sociedad más justa es necesario discutir la distribución del riqueza en la Argentina y el proyecto de ley del aporte extraordinario de las grandes fortunas es un paso en este sentido, sobre el cual debemos seguir profundizando”, reza otra parte del comunicado.
A mediados de agosto, Rizzo había resuelto comunicar a los ocupantes que contaban con 15 días para abandonar su postura, tras los cuales se iba a realizar un desalojo a través de las fuerzas de seguridad. Pocas horas antes de que se cumpliera ese plazo, abogados de los usurpadores presentaron un recurso de apelación, que está siendo tratado por la Cámara correspondiente.
“No podemos seguir viviendo en la hipocresía de ver como muchos chicos y chicas nacen y crecen en la inmoralidad de la exclusión, sin tener las condiciones mínimas de vivienda aseguradas. Nuestro deber es con ellos”, finalizó el comunicado.
