Arreglar una calle o vereda, construir una parada de colectivos o un desagüe pluvial, es posible con la creación de un consorcio vecinal y otras formas de asociativismo, y forman parte de una tendencia a la descentralización de la gestión pública Nacional, Provincial o Municipal. No es nada nuevo, pero viene retomando fuerza en las últimas décadas, como respuesta a resolver la grave problemática de áreas territorialmente excluidas de la agenda institucional de numerosos municipios.
Calles de tierra, caminos rurales y barrios olvidados, son siempre motivo de quejas de los contribuyentes. Frente a esto, los propios vecinos se organizan con éxito en consorcios viales vecinales, para gestionar ellos mismos, diversas obras con financiamiento público.
En la provincia de Buenos Aires existe para esto, un marco legal desde el año 1967. Se trata del decreto 4.876 -actualmente vigente- que en su artículo 3 establece que «los consorcios vecinales estarán formados por un grupo de vecinos, interesados directamente en el plan de trabajos de construcción y reconstrucción de obras», en alusión al uso de los fondos provenientes de la Ley Nacional 15.274.
Tandil fue en 1997, uno de los últimos casos exitosos, con la conformación de una cooperativa vial y la sanción de una ordenanza específica, que le transfirió en comodato maquinaria y recursos provenientes de la tasa vial, además de los fondos de la ley provincial 13.010 y el llamado fondo sojero nacional. En 2010 Tandil, además aprobó la ordenanza 11.862 que prohíbe el tránsito de vehículos pesados en caminos rurales luego de la lluvia.
Otra iniciativa más reciente es la del pueblo de Benito Juárez, que en 2002 aprobó la ordenanza 3.307 que creo una comisión vial vecinal que administra parte de los recursos municipales para obras.
A nivel nacional la provincia de Santa Fe cuenta con los comités de cuenca creados por la Ley 9.830 que gestionan obras hídricas y viales. Córdoba es líder, con más de 300 consorcios viales, creados con la ley 6.233 de la década del 70. Chaco -desde 1990- tras la aprobación de la Ley 3.565 cuenta con 101 consorcios viales y una asociación de consorcios camineros.
Estos consorcios vecinales implicaron un reencuentro entre el estado y los vecinos de vastas zonas, excluidas de las inversiones, tendiendo a una equidad de la gestión municipal, con los territorios más desfavorecidos.
El actual contexto nacional de recesión y «obra pública cero», obligó a diversas comunas -como San Vicente- a la aplicación de tasas viales municipales, sobre el consumo de combustibles.
La implementación de consorcios vecinales y la descentralización se presentan como una herramienta válida para lograr precisión en el gasto, por el conocimiento del vecino de los problemas de su barrio; y eficiencia en el mismo, ya es el principal interesado en mejorar la calidad de vida de su entorno inmediato.
En el caso de San Vicente, existe desde 1994, una ordenanza pionera -aunque ya desactualizada- para la conformación de consorcios viales, que lamentablemente nunca se llegó a implementar. En 2017 se entregaron dos equipos viales municipales, en comodato a dos vecinos rurales junto con combustible, para que reparen caminos, lo que de alguna forma soluciono puntos críticos.
San Vicente es uno de los municipios que más creció en población en el país y con ellos la utilización de las calles de tierra de los más de veinte nuevos barrios, a los que se suman cientos de kilómetros de caminos rurales que requieren mantenimiento.
La problemática del cambio climático, las lluvias e inundaciones que se pronostican para este ciclo climático por el “fenómeno del niño», invitan a anticiparse a esos escenarios. La descentralización y participación son un camino para la formalización de grupos: una herramienta para solucionar problemas de infraestructura urbana y rural.
