La Plata | El juicio por jurados desarrollado en la ciudad de La Plata llegó a su fin este martes con una decisión que generó un fuerte impacto en el ámbito judicial bonaerense. Los doce ciudadanos que integraron el panel dictaminaron que los siete policías acusados de someter a torturas y vejámenes a personas privadas de su libertad en la subcomisaría de Domselaar son inocentes. El veredicto fue comunicado tras las instrucciones finales brindadas por la jueza técnica Cecilia Sanucci, titular del Tribunal Oral Criminal 1.
En el banquillo de los acusados se encontraban Juan José Fernández, Lucas Vizgarra, Cecilia Ballerini, Rodolfo Morales, Carlos Remuzzi, Carina Ponce y Jorge Rodríguez. Todos ellos enfrentaban cargos de extrema gravedad, que incluían vejaciones agravadas, severidades, torturas, apremios ilegales, abuso sexual, coacción y hurto agravado. Las defensas de los efectivos habían solicitado el juicio por jurados apelando al derecho procesal que asiste a los imputados cuando las penas en expectativa son elevadas.
Los hechos investigados ocurrieron entre agosto de 2015 y marzo de 2016 en la dependencia policial de Domselaar. Según la acusación sostenida por la fiscalía, en dicho lugar se estableció un patrón sistemático de abusos que afectó a cinco mujeres y dos varones que se encontraban alojados en condiciones de extrema vulnerabilidad. La investigación original, liderada por la fiscal Virginia Bravo, había recolectado pruebas sobre golpizas y prácticas degradantes constantes.
Durante el debate oral, se ventilaron testimonios desgarradores sobre las condiciones de detención, detallando episodios de desnudez forzada, uso de picana eléctrica y humillaciones recurrentes. Entre los relatos más impactantes figuraron situaciones de violencia sexual contra las mujeres y prácticas donde los efectivos, presuntamente bajo los efectos del alcohol o estupefacientes, obligaban a los detenidos a realizar actos denigrantes dentro de los calabozos para su propia diversión.
La causa tuvo su origen tras una inspección de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que en su rol de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura detectó las irregularidades y radicó la denuncia penal. El organismo, que participó del juicio como particular damnificado, había señalado que los policías se arrogaron un «derecho de castigo» ilegal contra quienes debían custodiar. A pesar de la documentación médica y los peritajes psicológicos presentados, el jurado consideró que la prueba no fue suficiente para una condena.
Con este fallo, el proceso judicial que se extendió por casi una década llega a una conclusión definitiva respecto a la responsabilidad penal de los uniformados. La decisión ciudadana pone fin a una de las investigaciones más complejas sobre violencia institucional en la zona sur del conurbano, dejando un escenario de controversia ante la gravedad de las denuncias originales que incluían restricciones arbitrarias de alimentos y torturas físicas documentadas por organismos de derechos humanos.
