San Vicente .: A pesar de los reclamos y las medidas tomadas, el Centro de Atención (CAL) de la Agencia Nacional de Discapacidad (AND) cerró sus puertas. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Pensiones denunció que los trabajadores y trabajadoras son “espectadores” desde hace más de tres años de la “quita de derechos” por parte del gobierno de Mauricio Macri, que muestra su cara “más cruel con los sectores más vulnerables”.
La oficina, que también comprende a los municipios Presidente Perón y Cañuelas, abrió sus puertas en 2008 y permitió que más de 6 mil familias accedieran al derecho de una pensión. Sin embargo, sus puertas cerraron el pasado lunes por decisión del Gobierno Nacional, que trasladó a tres de sus trabajadoras a la ANSES de Alejandro Korn; mientras que otro fue derivado a la capital porteña, detalló Christian Gutiérrez, ahora ex empleado de la sucursal de San Vicente.
El temor por esta medida había sido denunciado por los trabajadores y trabajadoras de San Vicente hace un año debido del clima de incertidumbre sobre la continuidad del CAL, luego del despido de dos empleados. En esa oportunidad, explicaron que la medida de trasladarse a la ANSES era para “simplificar” las pensiones por invalidez o discapacidad al Certificado Único por Discapacidad, que “deja por fuera infinitos diagnósticos”.
“Como estamos acostumbrados con este Gobierno, continúa el recorte y la cara más cruel la padecen los sectores más vulnerables”, afirmaron desde ATE Pensiones y consideraron que los trabajadores y trabajadoras de la AND son “espectadores” desde hace más de 3 años de la “quita de derechos, como la suspensión y baja de beneficios, miles y miles de trámites paralizados en distintas áreas del organismo y el cierre de decenas de CAL, que facilitaban el acceso en las distintas localidades a lo largo de todo el país”.
El bloque de concejales Unidad Ciudadana (Nicolás Mantegazza, Claudia Gantus, Anahí Vázquez, Pedro López, Walter Pérez y Diego Barralle) denunciaron que este cierre “vulnera derechos, incumple normativas y restringe las condiciones de cuidado de la población, en las cuales el Estado es responsable”.
Y criticaron: “Hoy, quienes necesitan informarse, realizar un trámite, conocer el estado de sus solicitudes, gestionar cómo actualizar su condición médica de invalidez laboral y realizar el Certificado Médico Oficial Digital, no tienen a dónde ir ni quién los oriente en la resolución de estos trámites. Una muestra más de la desprotección de este Estado”.
