Todavía guardamos en nuestra retina el fatal accidente ocurrido en febrero de este año, donde cinco jóvenes de CABA y el Conurbano perdieron la vida, sobre una rotonda de la Ruta 16, entre las rutas 6 y 58, en San Vicente. Según se informó los jóvenes regresaban de una fiesta electrónica que tuvo lugar en un campo de Cañuelas y el conductor estaba alcoholizado.
Del test de alcoholemia, realizado por parte de la Policía Vial de Guernica al conductor del vehículo, surgió un resultado positivo de 1,43 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que claramente, es una transgresión al sentido común y a la ley vigente, ya que en la provincia de Buenos Aires, desde 2022, rige la Ley de Alcohol Cero al Volante.
La Ley 15.402 Modificó a la Ley 13.927, incorporando la prohibición total de consumo de alcohol para los conductores.
En el accidente del febrero pasado, el conductor estaba totalmente alcoholizado.
En sus fundamentos la reglamentación vial estableció que “la presente Ley tiene por objeto preservar la salud, la vida y la seguridad de quienes transiten el territorio provincial; reducir la mortalidad y la morbilidad, derivadas de la siniestralidad vial. Las normas que fijan las pautas de circulación y las que establecen los límites legales de alcohol en sangre y de cualquier sustancia que disminuya las condiciones para la conducción, integran las políticas públicas de seguridad vial.”
La Ley también es extensiva a los psicofármacos, al sostener que «así también está prohibido conducir a quienes hubiesen consumido medicamentos, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes o sustancias que la Autoridad de Aplicación, con intervención del Ministerio de Salud, determine como capaces de disminuir la aptitud para conducir».
Se hace imperioso realizar operativos con test de alcoholemia incluidos.
Estadísticamente, el consumo de alcohol tiene gravitación sobre la capacidad de conducir y los accidentes.
La Ley contempla penalidades como retención de la licencia e inhabilitación para manejar, arresto, multas y obligación de concurrir a cursos especiales de educación y capacitación para el correcto uso de la vía pública. Las sanciones son acordes a los niveles de alcohol en sangre.
Los infractores hasta 499 miligramos recibirán tres meses de inhabilitación para manejar, llegando a inhabilitación por 18 meses para los que superen los 1.500 miligramos.
La prevención es fundamental. Hay cuestiones de responsabilidad individual, educación y controles. San Vicente necesita reducir la siniestralidad vial vinculada al consumo de alcohol y es necesario para ello realizar controles de alcoholemia, sobre todo los fines de semana.
Las normas están ahí. Es necesario hacerlas cumplir con sanciones además de un cambio cultural proveniente de una mayor toma de conciencia. Solo así, junto a otras estrategias de seguridad vial, tendremos rutas y calles más seguras.
