La Plata .: Ante la generalizada protesta de los usuarios, el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) exigió terminar con la “estafa vial” que constituye el sistema de peaje en corredores nacionales y reclamó que las autoridades implementen un “verdadero” proyecto vial libre para toda la red caminera del país, a través de la “efectiva reasignación de los fondos” recaudados del Impuesto a los Combustibles.
El organismo sostuvo que el sistema de peajes que rige desde los años 90 es “inconstitucional” por la “falta de caminos alternativos libres de pago” y por la “doble imposición” generada por el aporte del Impuesto a los Combustibles que realizan los usuarios con “tanto esfuerzo y que es malversado” por el Estado Nacional.
Para ello, la CONADUV afirmó que estas cabinas de cobro están en contra de los artículos 10, 11 y 14 de la Constitución, que establecen que el derecho de “entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino” en formar libre, sin excepción para calles, rutas, autopistas y cualquier clase de vía de comunicación.
“El primer requisito que debe cumplir cualquier reglamentación a la libertad de tránsito en materia de peaje es la existencia de caminos o vías alternativas”, indicó la Comisión y agregó: “El camino debe ser no sólo alternativo sino también paralelo. En caso contrario, resultaría muy fácil burlar este requisito, sugiriéndose el desvío del tránsito por vías que, para unir los mismos puntos del territorio duplican o triplican la cantidad de kilómetros recorridos, lo que resultaría absolutamente irrazonable”.
Al no cumplir con esto, existen “verdaderos monopolios naturales”, en los cuales los usuarios viales son “rehenes de las empresas concesionarios y sin derecho a reclamo alguno”.
Por otro lado, explicó que los peajes deberían ser instalados luego de que se realicen las obras y que la empresa recupera la inversión a través de “una tarifa de peaje razonable por tratarse de un sistema público”. CONADUV señaló que en el país sucede lo opuesto: el peaje está en rutas existentes pagadas con “creces” con los impuestos de los usuarios.
Este sistema de “falso peaje”, como consideró el organismo, se trata de un “impuesto al tránsito” porque su actuación es como “un nuevo costo o cargo económico”, que genera “serios perjuicios sociales y económicos a toda la sociedad por el aumento en el costo del transporte”.
“Los caminos son de dominio público y no propiedad de un presidente, gobernador, funcionario, intendente o empresario”, rechazó CONADUV, que también exigió a quienes gobiernan y a los representantes “tener coraje, voluntad y decisión política” para hacer cumplir la Constitución Nacional y frenar este “verdadero atropello que no se tolera más”.
