Guernica | Una vez más lo hicieron. Entre gallos y medianoche y sin demasiada publicidad, el jueves 7 del corriente, el siempre muy “Honorable Concejo Deliberante de Presidente Perón”, aprobó por mayoría simple la ordenanza 1370 por la cual se crea la “Defensoría del Pueblo”, un ente autárquico cuyo noble fin es la defensa de los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos dentro del ámbito del distrito.
Esta nueva oficina estaría compuesta por un defensor titular, otro adjunto y dos empleados auxiliares. Contaría con una caja nada despreciable, ya que la ordenanza establece taxativamente que será de entre el 0.5 y el 1 por ciento del presupuesto total del Municipio. Siendo que este ronda los 700 millones de pesos para el año fiscal 2020, significaría que contaría con entre 3,5 y 7 millones de pesos. Una cifra muy interesante para la siempre voraz clase política.
La creación de esta defensoría, en principio, sería una buena noticia, ya que se convertiría en una barrera más contra los abusos de la administración pública y las empresas de servicios, si no fuera por la forma tan poco transparente de su implementación y la intencionalidad política que se adivina en las formas de su institucionalización.
El proyecto fue presentado por el oficialismo, cuya mayoría de diez ediles aseguraba la aprobación a gusto y paladar del actual intendente Aníbal Regueiro. Lo llamativo, es que esperara 16 años para hacerlo. Es más: lo curioso es que lo haga a pocas semanas del traspaso del poder a la intendente electa el 27 de octubre, Blanca Cantero.
Justamente, la oportunidad implica que teniendo mayoría también en la Comisión de Legislación y Hacienda, órgano legislativo encargado de la selección de los candidatos a ocupar el puesto, tiene asegurado colocar a un hombre o mujer de su confianza. Es decir, se retira del gobierno pero no del poder, o al menos de una cuota considerable de él.
El Defensor del Pueblo tiene presupuesto propio, no debe rendirle cuentas a nadie de sus decisiones, ni responde a ninguna autoridad externa. A eso hay se sumarle que los mandatos del titular y el adjunto duran cinco años, con una remuneración equivalente a la de un concejal en actividad (desde enero alrededor de $84.000). Tiene atribuciones legales para pedir informes o apersonarse en las oficinas municipales y pedir documentación. La defensoría, una herramienta concebida para defender los derechos ciudadanos podría ser usada en forma espúrea para esmerilar al nuevo gobierno. La nueva oficina le quita fondos y podría convertirse en una especie de supervisión “buscando el pelo al huevo” en la nueva administración.
El 22 de noviembre, otra vez a los apuros y a último momento, el oficialismo presentó una ordenanza complementaria de la 1370, la 1374. En esta se somete a aprobación una extensión de plazos para las posibles impugnaciones y la lista de aspirantes al cargo, que se habrían inscripto en la semana precedente. La misma se encuentra publicada en la página web del municipio.
Los favorecidos por la Comisión de Legislación y Hacienda son: Lorena Valeria Marzuk, Natalia Valeria Moreno, Alejandro Gustavo Feser, Laura Carolina Ferreira Laura, Leonardo Adolfo Muhamed, Natalia Paola Pretti, Manuel Vicente Guasch, Ramón Genaro Loto, Germán Gualberto Feser y patricia Mabel Girves. Basta un rápido paneo para observar que varios de los interesados son militantes políticos de distintos espacios.
Cabe preguntarse si esto no implicaría una negociación que vaya más allá de la teórica compulsa de antecedentes profesionales para la designación que establece la propia ordenanza. La comisión ya mencionada elegirá dos o tres postulantes de esta lista. Si todos los plazos se cumplen, el 2 de diciembre, en una sesión del Honorable Concejo Deliberante, cuya mayoría tiene el regueirismo, se votarán las designaciones. Ese día, para bien o para mal, los peronenses tendrán su primer Defensor del pueblo.
