San Vicente .: El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un pedido de informe para que Municipio gestione información ante el Poder Ejecutivo nacional sobre la situación de la Agencia Nacional por Discapacidad (AND) y del Centro de Atención Local (CAL) de San Vicente.
El proyecto fue presentado por el bloque de concejales Unidad Ciudadana (Nicolás Mantegazza, Anahí Vázquez, Claudia Gantus, Walter Pérez, Diego Barralle y Pedro López), a causa de la preocupación de los empleados del CAL local sobre “el avance de políticas de reducción y ajuste que buscan el vaciamiento del organismo”, impulsadas por el gobierno de Mauricio Macri.
De acuerdo a un comunicado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Junta Interna ATE Pensiones, existe una “acumulación de más de 175.000 expedientes en circuito de Trámite”, de los cuales “133.812 fueron evaluados favorablemente” por cumplir con todos los requisitos, pero “esperan desde hace 15 meses la firma de la Resolución que los haga efectivos”.
También informaron sobre el “inminente cierre de 72 CAL con la promesa de reincorporar a los trabajadores hasta el 31 de diciembre al personal de ANSES”, pero “sin ninguna garantía” de preservar sus fuentes de trabajo después de esa fecha.
En ese sentido, aseguraron que ya cerraron las oficinas de Tres Arroyos, Lomas de Zamora, Moreno y Tigre; y que se anunció el mismo destino para los CAL San Miguel, Concordia, Posadas, Córdoba, Santa Fe, Malvinas Argentinas, Paraná y Necochea.
Ante este contexto, los ediles solicitaron información sobre las modificaciones de la AND con respecto al “otorgamiento de pensiones, mecanismos para acceder a coberturas de salud, acceso a servicios de transporte, maestros integradores, medicamentos y prótesis, especialmente en el caso de menores de 18 años”.
También pidieron el número de alta de pensiones por invalidez que se produjeron desde 2016, las características de beneficios otorgados de manera efectiva, las razones del cierre de los CAL en la provincia de Buenos Aires y el estado de los expedientes de pensiones ingresados por esas sedes.
Los criterios de definición de «vulnerabilidad social» que son considerados para que una persona pueda acceder a una pensión por invalidez, de qué manera y a cargo de quien están los diagnósticos, son otras de las inquietudes de los concejales.
A su vez, buscarán conocer por qué “se entorpece” el trámite de alta del beneficio con la accesibilidad del cobro, en qué estado está la restitución de las pensiones avaladas por fallos judiciales y cuál es la situación de los empleados y qué garantías se ofrecen para la continuidad de su relación laboral a partir de la posible transferencia a la órbita de la ANSES.
