Alejandro Korn .: El HCD de San Vicente aprobó sobre tablas un proyecto de comunicación para que el Municipio instale un Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) en el distrito, a través de gestiones en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Esta iniciativa fue presentada por el edil oficialista Federico Tomazín para ser tratada durante la sesión ordinaria realizada el pasado martes 2 de julio en el Centro Cívico de Alejandro Korn, donde el cuerpo deliberativo aprobó la medida sobre tablas.
Un CAJ es un espacio donde psicólogos, abogados, trabajadores sociales y mediadores sociales brindan asesoramiento y orientación para garantizar el pleno ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades. Además permite el trabajo mancomunado con organismos nacionales, provinciales y locales; y tiene como objetivo dar respuestas socio-legales rápidas y efectivas a través de programas sociales.
El edil sostiene la necesidad de instalar este centro de acceso debido a que “la población del distrito aumentó un 133 por ciento en seis años”, según estimó un informe de la Secretaría de Salud y Desarrollo Humano municipal. “La población del distrito era de 128 mil habitantes en 2016, un número impactante, ya que después del último Censo Nacional realizado en 2010, el INDEC marcó que había 59.709 habitantes”, indicó.
También expuso que las tres localidades están a una “distancia considerable” (unos 50 kilómetros aproximadamente) del Departamento Judicial de La Plata; y que “los casos de violencia de género, extra e intrafamiliar, sumado a problemas vecinales y consumo de estupefacientes, aumentó”.
Otra de las cuestiones enumeradas es “la cantidad considerable de barrios habitados por personas con alta vulnerabilidad social” y que los vecinos están “limitados” al ejercer sus derechos, ya que “no existen en esos lugares organismos municipales ni provinciales que puedan dar respuesta a las problemáticas planteadas”.
Por estos motivos, el HCD aprobó sobre tablas el proyecto de comunicación 6.098 para que el Municipio gestione la instalación de un CAJ a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos nacional, en lo que resultará “una herramienta más para los ciudadanos”.
