San Vicente | El jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, bajo la presidencia de Eduardo Pettigiani, dispuso ayer el apartamiento preventivo del cargo de Jueza de Paz de San Vicente, a la doctora Julieta Ormaechea. La ex magistrada había sido acusada de maltrato a víctimas de violencia familiar y la destrucción de causas por violencia de género en una parrilla.
Según la acusación que se conoció en abril de este año, la letrada habría tratado de “tarada” y “mogólica” a una mujer que denunció a su marido por agresiones, según detallaron fuentes judiciales en su momento. El expediente administrativo había sido abierto por la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte a partir de una denuncia presentada al procurador Julio Conte Grand.
Ormaechea fue acusada de “quebrantar las normas protectoras contra la violencia familiar” y sistematizar “un actuar impropio de un magistrado”. La jueza habría tratado de “tarada, mogólica y discapacitada” a una mujer que pretendía denunciar por segunda vez a su marido por agresiones, pero antes de que pudiera explicarle su historia de violencia, la funcionaria le habría dicho de muy mala manera, con malos modos y a los gritos que dejara de “jugar con la Justicia”.
Ese relato es sólo uno de los “numerosos testimonios recolectados” que sugieren “situaciones de maltrato” por parte de Ormaechea a mujeres que “compadecieron ante los estrados del Juzgado por la problemática de violencia familiar”.
La ex magistrada habría exigido también “la ratificación de las denuncias” cuando la Ley 12.569 de Violencia Familiar nada dispone al respecto, imponiendo un requisito que limitó el acceso a la Justicia e impidió el dictado de medidas urgentes, destacaron fuentes de la Justicia. Las denuncias no ratificadas eran destruidas en una parrilla del juzgado por orden de Ormaechea, lo que podría tipificarse como un delito del Código Penal.
La gravedad de este accionar de la funcionaria es por la destrucción de denuncias originales remitidas por la Comisaría de la Mujer e ingresadas en el juzgado con carácter de instrumento público.
Otras de las acusaciones es que la ex jueza habría exigido patrocinio letrado en etapas procesales, donde no era necesario para avanzar en denuncias por violencia familiar, violentando el acceso a la Justicia, ya que detectaron más de cincuenta casos en los cuales fue denunciado violencia doméstica pero ante el silencio y requisitos dilatorios y burocráticos exigidos por el juzgado, debieron concurrir a otros juzgados de La Plata.
Además le adjudican haber negado medidas cautelares protectorias y cuando se lograba obtener una mediante un engorroso procedimiento, exigirle a la víctima el trámite de acciones no vinculadas a la violencia, bajo la amenaza de dejar la cautelar sin efecto o no renovarla.
Le imputaron, asimismo, celebrar audiencias en forma conjunta entre víctimas y victimarios, cuando el artículo 11 de la Ley 12.563 lo prohíbe, reveló el informe del área de Control Disciplinario.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que apartó a Ormaechea estuvo integrado por los conjueces Daniel Locatelli, Darío De Ciervo, Adriana López y Silvia Pedratta; por los legisladores Mauricio Vivani, Laura Aprile, Walter Carusso, Lucas Fiorini y Guillermo Sánchez Sterli.
