Por Haydée Epifanio | El surgimiento de las instituciones locales y la refundación territorial: un recorrido histórico por los debates y posturas encontradas que marcaron el surgimiento del gobierno comunal, el proceso de institucionalización de la Municipalidad y las claves de la decisión que hizo posible la concreción del traslado definitivo del pueblo.
El nacimiento de las municipalidades
Después de Caseros, Urquiza se abocó a la organización nacional, pero el acuerdo de San Nicolás, resistido por Buenos Aires, provocó la secesión de la provincia, que no adhirió a la Constitución de Santa Fe y se dio en 1854 su propia Carta Magna.
En su mensaje a la Legislatura, el gobernador Pastor Obligado señalaba que «…la falta de una demarcación clara en los terrenos adyacentes a los pueblos de campaña, que constituyen los ejidos de éstos, impedía en cierto modo el florecimiento y extensión de las poblaciones rurales y el fomento de la agricultura…»
Es en cumplimiento del art. 71 de la Ley Suprema que el 11 de octubre se sancionó la Ley de Municipalidades «como medio de lograr el florecimiento económico de la provincia.» Se trataba de restablecer el gobierno comunal, perdido en 1821 con la supresión de los Cabildos de Luján y Buenos Aires.
La ley determinaba que el P.E. haría interinamente la designación de los límites de cada partido, fijando los puntos en que debían establecerse las Municipalidades, cuyo régimen administrativo estaría a cargo de un Juez de Paz, cuatro miembros titulares y dos suplentes, todos propietarios vecinos del partido, con un capital de diez mil pesos al menos o, en su defecto, profesión, arte u oficio que le produjera una renta equivalente.
El Juez de Paz sería nombrado por el Gobierno de una terna propuesta por la Municipalidad, y era el único conducto para comunicar a la institución con las autoridades y con los jueces de los demás partidos y los jefes militares establecidos en ellos.
Posiciones encontradas en cuanto al traslado del pueblo
Al promediar el siglo XIX el partido de San Vicente se extendía «desde las Lomas de Zamora hasta tres leguas más allá del Samborombón, muy cerca de la posta conocida por el almacén de Shutton; desde las Conchitas, corre hasta el otro lado de la posta conocida por «Los Manantiales», confinando con el partido de la `Guardia del Monte’, y desde allá describiendo una extensa línea desde el partido de la Ensenada hasta el de Cañuelas, abraza una jurisdicción que no baja de 150 leguas…» dividiéndose en cinco cuarteles:
1: Comprendía el pueblo de San Vicente y una legua a todos los vientos.
2: Desde Monte Grande (la quinta de Chavarría o Remedios), puntas de Las Palmitas hasta dar con la estancia de Viamont (Los Tronquitos).
3: Desde Los Tronquitos hasta la punta del Samborombón.
4: Las puntas de la Magdalena y Samborombón.
5: Desde Las Palmitas hasta la Ubre.
Vimos que el pueblo viejo de San Vicente era un «caserío desordenado, sin calles determinadas…» ubicado en un lugar bajo y pantanoso; la laguna que lo circundaba disminuía gradualmente la angosta faja de terreno que le servía de planta.
El artículo 2 de la ley de Municipalidades señalaba que ellas se establecerían sólo en aquellos pueblos que tuvieran un centro de población o, en su defecto, si todos los electos para municipales decidían tener residencia común. Esta disposición dio lugar a un serio enfrentamiento con respecto al nuevo sitio que ocuparía el pueblo.
En efecto, el 21 de julio de 1854 el Juez de Paz, José Vidal, informaba al Gobernador de la necesidad de trasladar el pueblo de San Vicente, atento a que «por la mala situación que tiene nunca podrá prosperar» y, de acuerdo con la comisión municipal integrada por Floro Lavalle, Manuel Fernández, Jorge Marffajan (sic), Pedro Ferrari y Juan Barbastegui, habían elegido un terreno de propiedad particular de don Francisco Burzaco y hermano (próximo a sus estancias), para fundar el mencionado pueblo.
En setiembre el Gobierno ordenó al Departamento Topográfico proyectar la traza del nuevo pueblo, pero cuando se le informó a Burzaco de la expropiación, éste se opuso. A pesar de ello, la operación se realizó en diciembre, presentes en el lugar la comisión municipal, los vecinos Pedro José Díaz, Guillermo Moyano, Bernardino Barbosa, José Cáceres, Marcos Panelo y Roberto Barclay y el señor Eugenio Burzaco, que representaba a su hermano, dueño del terreno sobre el que debía trazarse el pueblo. Los presentes no aceptaron que el agrimensor Jaime Arrufó determinara el ejido, por lo que se suspendió la tarea.
El 8 de febrero de 1855, el Gobierno aprobó la traza de Arrufó, ordenando al agrimensor Teodoro Schuster la demarcación del ejido correspondiente, para lo cual solicitó la suma de $ 9.500.
Así las cosas, el 28 de febrero varios vecinos del pueblo de San Vicente elevaron una nota al Gobernador solicitando dejara sin efecto el traslado, alegando que el lugar elegido no reunía las condiciones necesarias.
Por supuesto, el Juez de Paz y la comisión municipal protestaron por el escrito, afirmando que los que firmaban eran, en su mayor parte, jornaleros; muchos no eran vecinos, y otros no tenían domicilio fijo en el pueblo. Como consecuencia de la denuncia, Vidal renunció, asumiendo interinamente Manuel Fernández.
Mientras se debatía este asunto, Schuster procedía a la demarcación del ejido que le había encomendado el Gobierno.
El 12 de abril varios vecinos se quejaron de que el Juez de Paz no miraba los intereses del pueblo sino los propios, queriendo trasladarlo cerca de su estancia pidiendo, además, que ejerciera sus funciones en el pueblo mismo, cabeza del partido, y que el archivo permaneciera también en él. Firmaban Gerónimo Morales, J.J. Garat, Santiago Mármol, Juan Barbiteguy, José María Pelayo y Lorenzo Escola. Esta nota fue reiterada en mayo y julio, firmando esta última también Mario Roldán, Juan de la Cruz Martins, José Elías Mármol, C. Steinfeldt y Dionisio y Severino Huertas.
Manuel Fernández se defendió, sosteniendo que el archivo estaba en su estancia porque en el pueblo no había nadie capaz de atenderlo. Y agregaba que no podía ir allá más de una o dos veces al mes porque era un «pueblito donde no puede vivir ni el cura […] porque no tiene qué comer…»
Como se ve, se encontraban enfrentados dos grupos (el de los «estancieros» y el de los «vecinos»), defendiendo cada uno de ellos la posición del pueblo de acuerdo a sus intereses respectivos.
Como decía Fernández en su defensa: «el Juzgado, en cualquier punto que se establezca, será cómodo para los que están cerca e incómodo para los que no lo están.»*
Atento a las discrepancias entre los vecinos, el ministro Portela nombró una comisión integrada por Carlos Pellegrini, José Iraola, Francisco Salama, Evaristo Alfaro, Juan Olivares, Mariano Cobey, Manuel Carranza y Juan A. Ferrari para que estudiara el traslado sobre el terreno, formándose un expediente con los antecedentes.
Haciéndose eco del problema, el diario «El Nacional» acotaba en su editorial del 21 de julio de 1855: «uno de los errores más graves de la colonización española ha estado en la ubicación de los pueblos, por autoridad del rey, y según pareció convenir a los intereses del momento, o a una idea política […] Toda la revolución de la independencia está representada por la decadencia de antiguas ciudades y el engrandecimiento de otras nuevas. Las ciudades no se ordenan; cuanto más el cálculo puede prever dónde hay en la concentración de las vías de comunicación, facilidades de transporte, etc. elementos de actividad para la población…»
Estas frases reflejan la visión antihispanista y liberal-positivista de los revolucionarios septembrinos, y denotan su desconocimiento de nuestro pasado histórico, pues el pueblo de San Vicente no respondió a una Real Orden sino que surgió espontáneamente en torno a una capilla.
En setiembre se reunió la comisión informando que «el terreno en que ha sido trazada la nueva planta, perteneciente al señor Burzaco no es más aventajado [que el que ocupa el pueblo]… es completamente bajo; en consideración a las ningunas ventajas que ofrece el traslado a una distancia de tres leguas, […] creyó conveniente aconsejar al Gobierno desistir de colocarlo en ese lugar…» Consultando las conveniencias del vecindario, la Comisión procedió «al reconocimiento del terreno que se encuentra al sur de esta población y encontró que en él puede muy bien establecerse un pueblo que sirva de centro al partido de San Vicente.» Y agregaba: «ese terreno es de propiedad pública, y lo es todo lo que se encuentra en sus inmediaciones en un radio de cerca de tres cuartos de legua, y por lo tanto será conveniente deslindar este terreno y subdividirlo en suertes de chacras y quintas.» La Comisión aconsejaba también ordenar al Departamento Topográfico la traza del nuevo pueblo, empezando por construir el templo.
Comentando el informe de la Comisión, el diario «El Nacional» expresaba: «esta determinación muestra la tendencia feliz en nuestra campaña en dar a la población humana lugar preferente a la del ganado. Como el campo era hasta hoy lugar destinado al solaz y alimento de los animales, los terrenos más bajos eran destinados para la habitación del estanciero y aún para pueblos, a fin de reservar a sus mercedes, los toros, las cuchillas, colinas y lomadas altas, donde el pasto era de mejor calidad y el suelo más enjuto…»
En octubre el Departamento Topográfico remitió al Gobierno el nuevo plano de San Vicente y su ejido, confeccionado por el agrimensor Saturnino Salas, que fue aprobado, comisionando al Sargento Mayor de Ingenieros Ludovico D’Horbourg meimarlo en el terreno, amojonando los ángulos de las manzanas para marcar después los solares y proceder a su distribución preferentemente entre los vecinos del pueblo viejo; en cuanto a las quintas y chacras, debía marcar sólo las calles, caminos y puntos principales de ellas, enviándosele con posterioridad las instrucciones para su reparto.
Después de algunas dificultades (el plano de Salas haba sido realizado «desde un escritorio», en base al de 1830), el Ing. D’Horbourg delineó el pueblo, remitiendo el plano al Gobierno.
Establecimiento del gobierno comunal
Así las cosas, una ley provincial ordenaba instalar las Municipalidades en la campaña el último domingo de enero de 1856 (día 27); la provisión de los cargos se haría en base a las elecciones realizadas el 11 de marzo del año anterior. Para el partido de San Vicente resultaron electos para municipales: Manuel Fernández, Pedro Ferrari, Floro Lavalle y Jorge Marfaguhari [Mac Faguhar]; siendo suplentes, Guillermo Moyano y Ramón Sáenz [Peña]. El Gobierno designó Juez de Paz a Lorenzo Escola.
Como vemos, en la primera comuna persisten los hombres del grupo de «estancieros», situación que irá revirtiéndose poco a poco.
El traslado se concreta
La Municipalidad local encontró serias dificultades en la delineación del Ingeniero D’Horbourg, encargando hacerla nuevamente al agrimensor Aquiles Lamolinairie, empezando la mudanza simultáneamente.
Pero el enfrentamiento entre los grupos sanvicentinos no acaba acá. El 15 de abril de 1856 gran cantidad de vecinos enviaba una nota al Gobierno pidiendo la suspensión del traslado, atento a que el terreno elegido era de naturaleza idéntica al que había ocupado el pueblo por el término de ochenta o cien años, a tal punto que el ejido nuevo tenía parte de la antigua población. Prueba de ello era -decían- el abandono que hacían diariamente quienes se propusieron poblar los solares y chacras que solicitaron por la convicción que prácticamente han adquirido de las infructuosidades de sus penas y trabajos.
Casi al mismo tiempo, el 29 de abril, el Juez de Paz envió una nota al Ministro de Gobierno haciéndole saber que la Municipalidad en sesión extraordinaria había acordado «levantar una suscripción voluntaria en todo el partido con el […] objeto de construir el templo, Escuela y demás edificios que deben hacerse en el Nuevo Pueblo», nombrándose comisiones en cada cuartel para recolectar dicha limosna, y denunciando que en circunstancias en que una de estas comisiones emprendía su trabajo, notó que un tal Francisco Jiménez, escribiente de don José Vidal, recogía firmas para una solicitud que tenía por objeto impedir el traslado del pueblo. A la nota adjuntaba la lista de individuos que ya habían solicitado quintas, chacras y solares (eran 31, 54 y 41 respectivamente) en el Nuevo Pueblo.
«Casualmente» esta nota se incorporó al expediente con algún retraso. Es por ello que el Gobierno, ante la solicitud de los vecinos del 15 de abril, elevó el escrito al Departamento Topográfico para que se midiera sobre la calidad del terreno donde se levantaría el nuevo pueblo. El expediente pasó entonces a la Comisión nombrada oportunamente por el Gobierno, la que informaba: «el terreno que forma el partido de San Vicente no ofrece un local elevado y conveniente para la creación de un pueblo de grandes esperanzas. Todas las localidades son bajas y sujetas a inundaciones, a menos que no se tome alguna extremidad que ocasione el inconveniente de acercar dos pueblos, dejando las estancias sin el auxilio de un centro de población que alivie y provea las necesidades del vecindario. El local designado por la Comisión […] tiene la ventaja de ser de propiedad pública […] tiene además un principio de población y materiales bastantes para hacer crecer el nuevo pueblo, que la Comisión no tuvo ni tiene ahora embarazo en declarar no será nunca de grande importancia, pero que tampoco se le ofrecía una situación más aventajada. Si alguno de los señores que firma la solicitud que motiva este informe […] ofreciese el terreno adecuado y necesario para formar un pueblo, V.E. debería aceptarlo y mandar se trazase inmediatamente, para satisfacer los anhelos de un vecindario que anhela tener un centro de cultura y civilización.»
El grupo de «vecinos», que estaba forzando el traslado, elevó una nota al Gobierno quejándose del grupo oponente: «a pesar de las trabas opuestas por hombres cuya influencia deriva de la administración pasada, el pueblo nuevo de San Vicente se ha levantado en justificación elocuente de cuanto se dijo en apoyo de su erección […] Ha atraído a su seno a un número de pobladores cuatro veces mayor que el que cuenta el pueblo viejo: vecinos de lejana distancia, vecinos de otros partidos y hasta […] vecinos de la capital, trabajan o tienen solicitados solares para venir a establecerse en el pueblo nuevo [ubicado] en el mismo centro del partido, y en medio de dos caminos principales por donde circulan las riquezas del sur [en] la elevación de una cuchilla meñada al pie por un arroyo permanente y por las aguas de su codiciada laguna.» Daban cuenta, además, de que habían firmado un contrato para la construcción de la casa que debía servir de Juzgado, casa municipal y capilla provisoria, el que ya había recibido gran parte de su ejecución. Nótese que este es el primer edificio municipal de la provincia construido para ese fin, justamente porque la Ley de Municipalidades corrió parejo con el traslado del pueblo.
Después de intenso trabajo, el 30 de abril de 1857 el Ing. Lamolinairie presentó al Gobierno el plano del nuevo pueblo de San Vicente y su ejido, acompañado de un extenso informe. Evidentemente, los dos grupos operaron de manera distinta: mientras que los «estancieros» elevaban notas al Gobierno, enredados en el juego burocrático, los «vecinos» del pueblo viejo forzaron la decisión, acompañando a las notas el traslado efectivo.
Finalmente, el 12 de mayo de 1857, el Gobierno resolvió la cuestión a favor de los «vecinos», aprobando la traza recién realizada y las obras llevadas a cabo en el nuevo pueblo.
Todavía en febrero de 1859, el Ministro de Gobierno, Vélez Sarsfield, recibió una nota de Fernando Alfaro, prefecto del octavo departamento de campaña refiriéndole que «aunque por informes de antes de venir a este punto había tenido […] relativos todos a la mala elección del local para este nuevo Pueblo […], tiene el gran pesar el que suscribe de haberlo visto prácticamente a causa de la lluvia que desde la noche anterior hasta ahora que es la una de la tarde, que toda la circunferencia de este pueblo es un continuado meñado a términos que la misma plaza no permite tránsito a todo su vecindario; y si en las horas que dejé prefijadas de continuada lluvia ha dado este resultado, teme fundamentalmente que en la estación de invierno toda la área de este pueblo sea intransitable a no hacerse en carruajes o a caballo…»
Vélez Sarsfield acusó recibo de la carta, respondiendo que «habiendo los vecinos de aquella localidad, elegido el punto en que se construye el nuevo Pueblo de San Vicente, nada puede hacer el Gobierno para remediar el mal», con lo que se cerró la cuestión.
