San Vicente | En la contabilidad de una empresa se llama “activo” a lo que la empresa tiene y “pasivo” a lo que debe. Por lo tanto el “pasivo ambiental” es la deuda que una empresa tiene por daños ambientales, aunque estas no suelen incluirse en la contabilidad a menos que sean reclamadas social o judicialmente. Con este criterio, el concejal Andrés Lorusso presentó un proyecto de ordenanza para crear un régimen de pasivos ambientales en el distrito.
El objetivo será regular la identificación de pasivos ambientales y la obligación de recomponer sitios contaminados con riesgo para la salud de la ciudadanía, en el momento de traslado o cierre de un establecimiento productivo.
En otro de los artículos se deja en claro que se entenderá como pasivos ambientales “los daños ambientales, en términos de contaminación del agua, del suelo, del aire, del deterioro de los recursos naturales y de los ecosistemas, producidos por cualquier tipo de actividad pública o privada durante su funcionamiento ordinario o por hechos imprevistos a lo largo de su historia, que constituyan un riesgo permanente y/o potencial para la salud de la población y el ecosistema circundante”.
Este proyecto, basado en la Ley General de Ambiente de la Nación 25675, y la Ley 14.343 de la Provincia de Buenos Aires de 2012, establece que el ámbito de aplicación serán “los emplazamientos de establecimientos productivos que cierren o se trasladen, cuya actividad sea susceptible de generar daños ambientales”. La norma también remarca que “los responsables obligados a recomponer los pasivos ambientales y/o sitios contaminados serán las personas físicas o jurídicas, titulares de la actividad generadora del daño; y/o los propietarios de los inmuebles, en el caso que no se pueda ubicar al titular de la actividad”.
En la última sesión del año también debería tratarse el Presupuesto 2021, que prevé gastos por 1.200 milloones de pesos.
El artículo 5 del proyecto explica que “los titulares de establecimientos que fueran clausurados, o que quieran gestionar el cierre o traslado del local donde se desarrolla la actividad productiva deberán realizar una Auditoría de Pasivos Ambientales, a los fines de identificar si ha generado un pasivo en propio establecimiento o en terrenos adyacentes a él.
Además, deberán “recomponer el sitio contaminado, entendiéndose como tal, a aquel lugar cuyas características físicas, químicas o biológicas hayan sido alteradas negativamente por la presencia de sustancias contaminantes de origen humano, en concentraciones tal que, en función del uso actual o previsto del sitio y sus alrededores, comporte un riesgo para la salud humana y/o ambiente”.
En todos los casos, será el Departamento Ejecutivo municipal, quien determinará los requisitos técnicos que deberán contener la auditoría de cierre y los modos de reparar los daños producidos, que podrán ser de carácter monetario; quien deberá consultar –además-a profesionales especialistas en la materia y a organizaciones sociales abocadas al cuidado del medio ambiente y la calidad ambiental.
En la sesión de esta semana, el proyecto pasó a la Comisión de Hacienda y Ambiente para su tratamiento. Lorusso confía que este proyecto sea aprobado en la próxima sesión, que será la última de este año, en donde se deberá tratar, también, el Presupuesto 2021 enviado por el Ejecutivo, que prevé gastos d por 1.200 millones para el año próximo.
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