El refrán «Muerto el perro, se acabó la rabia» está relacionado con la idea de causa y efecto. Parte del principio de que, eliminado el factor que produce el problema, desaparece el problema mismo. Algo parecido ocurre con la problemática de los motochorros: si las autoridades competentes controlaran la actividad de los motociclistas, disminuiría drásticamente esta actividad delictiva.
Si partimos de la premisa que los motociclistas deben circular con un casco protector, el 90 por ciento de los mismos no lo podrían hacer. Si esto le sumamos las motos sin papeles, sin seguro, sin luces, sin espejos, con caños de escapes libres y las altas velocidades con la que transitan por la vía pública, estaríamos solucionando el problema de la rabia.
Violento choque entre un auto y una moto en el centro sanvicentino.
Pero, lamentablemente, no vemos una predisposición de las autoridades de la región para solucionar este problema y, por ende, terminar o –al menos- hacer disminuir la modalidad delictiva de motochorros.
Desde que Daniel Scioli gobernaba la provincia de Buenos Aires existe una disposición sobre los acompañantes en las motos que nadie hace cumplir. Esta normativa quedó más firme aún desde el Decreto presidencial sobre la cuarentena y el distanciamiento social. Sin embargo, vemos a cada instante dos y hasta tres personas circulando en una moto.
Muchos de estos motociclistas que durante el día invaden las calles sin que nada haga algo para detenerlos, por la noche salen a delinquir, a buscar víctimas indefensas en la vía pública para atacarlas, golpearlas y dejarlas tiradas y sin sus pertenencias.
¿Cuántos robos menos con esta modalidad tendríamos si las autoridades sacaran de circulación a estos descerebrados? Sin dudas, muchísimos menos. Solamente hace falta una desición política para hacerlo.
Desde este medio hemos propuesto en varias ocasiones algunas medidas que se podrían tomar para disminuir la contaminación sonora. Se trata de un registro de delíverys, tal vez uno de los principales culpables de esta polución, que escudándose detrás de un trabajo, se dedican a correr picadas y competir entre ellos por las calles de nuestras ciudades.
¿Tan costoso puede ser censar y registrar a quienes realizan estas tareas? ¿Tanto dinero tendría que desembolsar una Comuna para identificarlos con un chaleco? ¿Tantos recursos se deberían utilizar para persuadir a los comerciantes a contratar personal con vehículos en regla?
No mucho, pero si vemos que en plena pandemia, permiten trabajar a puestos ambulantes o callejeros sin las más mínimas medidas de higiene ¿qué podemos esperar de lo otro?
La semana pasada, la policía decomisó varias motos en el barrio La Merced por pedido de los vecinos. Los lugareños dicen que por las noches, estos sujetos recorren el barrio en busca de lugares fáciles para robar. Esto no ocurre solamente en La Merced. Ocurre en cada uno de los barrios que componen los distritos de San Vicente y Presidente Perón.
Es necesario que las autoridades competentes “tomen el toro por las astas” o que “se pongan delante del carro”, como les gusta decir. No está bueno que durante una democracia, los vecinos se tengan que convertir en sus propios custodios, habiendo una policía y departamentos de Tránsito para hacer este tipo de tareas.
No estamos en contra de los que utilizan motos. Estamos en contra de los que delinquen con ellas, robando, lastimando, transitando en forma temeraria o alterando el orden público.
