San Vicente .: Sólo cinco de los catorce productores inscriptos para acceder a los beneficios de la Emergencia Agropecuaria (Ley provincial 10.390) fueron aceptados por la Comisión provincial de Emergencia y Desastre Agropecuario (CEDABA). Desde la Sociedad Rural de San Vicente (SRSV) apelaron a esta decisión, ya que algunos productores locales no incluidos registraron pérdidas de hasta el 100 por ciento a causa de la sequía.
El último abril, el gobierno de María Eugenia Vidal decretó la Emergencia para el partido de San Vicente, debido a una fuerte sequía que azotó el territorio bonaerense. Tras la conformación de la Comisión local de Emergencia y Desastre Agropecuario, la SRSV reunió la documentación que legitima la solicitud de unos 14 productores rurales por la pérdida de su producción.
Los beneficios de emergencia agropecuaria son a partir del 50 por ciento de pérdida; mientras que el desastre es a partir del 80 por ciento. Los productores comprendidos con la primera medida tendrán prorrogas en el vencimiento de impuestos, entre otros beneficios, y en el caso de desastre, serían eximidos del pago.
Si bien el organismo encargado de llevar adelante estos estudios es el Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, este año lo realizó la cartera de Economía, que aplicó el método desarrollado por el Instituto de Clima y Agua del INTA, dejando muchos productores afuera.
El secretario de la SRSV, Agustín Arechavala, informó a Al Sur que sólo dos solicitudes de productores fueron aprobadas con este método. “Luego, se incluyeron tres nuevos productores con otro a partir de una nueva evaluación promovida por el Ministerio de Agroindustria, pero continúa siendo insuficiente. Los estudios realizados no tienen nada que ver con lo que tendrían que haber hecho”, cuestionó.
Al respecto, la SRSV pidió al intendente de San Vicente, Mauricio Gómez, quien también preside la Comisión local de Emergencia Agropecuaria, que emita el correspondiente recurso administrativo para apelar a la decisión de la Provincia.
Además del reclamo de San Vicente, se sumaron los de los distintos municipios y de las entidades rurales como la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO), por lo que el área de Agroindustria intervino en los resultados.
En ese sentido, los dirigentes sindicales y las autoridades de esa cartera provincial se reunieron el pasado martes 25 de septiembre en una Mesa Directiva para trabajar en modelos de determinación de sequía y la Ley de Emergencia.
“En otras provincias, los organismos utilizaron cinco métodos diferentes para luego compararlos. En Buenos Aires, se usó uno solo. En una localidad tan chica como San Vicente, es peculiar que otorguen el beneficio a un productor y no a otro ubicado a diez kilómetros de distancia. Ellos no vinieron a hacer un estudio en el campo, manejaron un método con satélite, que puede ser inexacto. Es bastante injusto que no se aplique la Ley y las herramientas en protección a quienes producen”, criticó Arechavala.
