El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) repudió la decisión del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires de implementar tres estaciones de cobro en el corredor productivo, alertando sobre millonarios perjuicios económicos para automovilistas y transportistas.
En un duro documento emitido recientemente, el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) manifestó su rechazo total y enfático ante la decisión del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires de instalar tres estaciones de cobro de peaje en la Ruta Provincial 6. La entidad calificó esta iniciativa como una «nueva estafa vial» y un «falso peaje» que funciona operativamente como un compulsivo e ilegal «impuesto al tránsito».
La controversia gira en torno a un corredor netamente productivo de solo 180 kilómetros de longitud, el cual resulta estratégico ya que une el puerto de La Plata con el Puerto Campana-Zárate. Desde la organización civil denunciaron que las tarifas propuestas son claramente abusivas e ilegales, haciendo hincapié en que se pretende cobrar de forma directa en una ruta abierta ya existente que carece por completo de caminos alternativos libres de pago.
Para ilustrar el impacto directo de la medida, el comité presentó estimaciones sobre el serio perjuicio económico y el considerable aumento en el costo de transporte. De acuerdo con sus cálculos, un automóvil que realice 20 viajes mensuales de ida y vuelta entre La Plata y Zárate – Campana deberá abonar la suma de $ 4.400.000 al año solo en concepto de peaje. En el caso de un camión de 6 ejes bajo el mismo esquema de viajes, el costo anual se elevará de forma drástica hasta alcanzar los $ 22.000.000.
El gobierno provincial anunció el cobro de peaje «free flow» (flujo libre) en tres puntos de la Autovía 6 a partir de fin de año: San Vicente, Las Heras y Los Cardales.
Entre los principales argumentos legales y económicos expuestos, el CONADUV sostuvo que la concesión es inconstitucional, dado que afecta lo prescripto en los artículos 10, 11 y 14 de la Constitución de la Nación Argentina al aplicarse sobre un camino de dominio público previamente pagado con impuestos. Asimismo, tildaron el proyecto de antieconómico e impracticable debido al insuficiente caudal de tránsito de la ruta, lo que provocará que la mayor parte de la recaudación se destine a financiar la instalación y el costo operativo de las estaciones de cobro en lugar de volcarse al camino.
Por otra parte, la entidad criticó con dureza la gestión del Gobernador Axel Kicillof y del Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, acusándolos de actuar con una actitud arbitraria, irresponsable y de enorme desconocimiento. Según argumentan, la iniciativa se llevó a cabo de manera unilateral y de espaldas a los mecanismos de control social, ignorando de manera sistemática los reiterados pedidos de audiencias públicas de carácter vinculante y veedurías ciudadanas.
La organización también advirtió que el sistema de peaje directo en rutas existentes ha demostrado ser un verdadero fracaso en el país que solo beneficia a las empresas concesionarias. En este sentido, afirmaron que de prosperar la intención oficial solo se logrará favorecer los intereses de Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) , corporación a la que definieron como una empresa burocrática, innecesaria y sumamente costosa que actúa indebidamente como una vialidad provincial paralela.
Frente a este escenario, el CONADUV recordó que el peaje es un método de financiamiento diseñado exclusivamente para recuperar la inversión previa realizada en obras nuevas por un inversor que arriesga su capital, como una autopista o autovía construida desde cero. Por lo tanto, remarcaron que el cobro debe ser una contraprestación real ofrecida con posterioridad a la disponibilidad efectiva del servicio, y no una herramienta para que los usuarios absorban la malversación de los fondos viales por parte de los gobiernos nacional y provincial.
Finalmente, el comité instó formalmente al Gobierno provincial a administrar adecuadamente los recursos ya recaudados y a reasignar de forma efectiva las partidas necesarias para mantener los corredores en perfecto estado de transitabilidad sin recurrir a falsos peajes. Asimismo, solicitaron que se realice un estudio urgente junto a los usuarios para evaluar el beneficio económico que obtendría la comunidad si se dispusiera de caminos totalmente libres de aduanas interiores.
